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Ante la asfixia del juicio de amparo, se requiere una acción de inconstitucionalidad que voltee a ver al ciudadano, destacó el juez Juan Pablo Gómez Fierro

SLP.- Un problema sistémico de control de constitucionalidad, cuyo camino sería la democratización y apertura a través de un mecanismo a disposición de la ciudadanía -flexible, mas no indiscriminado-, es la ambiciosa propuesta del Juez, Juan Pablo Gómez Fierro, en un México donde el juicio de amparo ha sido asfixiado.

Durante la presentación del libro de su autoría Una nueva acción de inconstitucionalidad en México, como parte de la edición 47 de la Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 2023, el Juez Segundo de Distrito en materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, se refirió al país de la década de los 90’s.

Un período complejo, cuando el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo murió acribillado, también con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas y el asesinato del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio.

Esto, seguido de la dura crisis en diciembre -en el marco de la transición-.

El juez originario de San Luis Potosí y egresado de la Máxima Casa de Estudios prosiguió en el sentido de que durante el sexenio de Ernesto Zedillo, era posible suscribir tratados. No obstante que el gobierno presumía contar con un juicio de amparo, tenía una falencia.

Así, tajante expresó que la acción de inconstitucionalidad nació muerta.

De hecho, la primera acción que se promovió fue improcedente. Sin embargo, hubo un cambio y en el 2000 con la culminación de 71 años de hegemonía del partido en el gobierno, ya en la administración de Vicente Fox, la Corte se convirtió en salida a la solución de conflictos políticos.

La acción de inconstitucionalidad tomó una forma robusta y con el tiempo se presenciaron cambios importantes, pero sin voltear a ver al ciudadano.

Es decir, las exigencias sociales cambiaron, pero con instituciones que parecen haberse estancado en una visión de hace 30 años.

Tras 20 años de trayectoria, Gómez Fierro fue enfático sobre la asfixia en la que se tiene al juicio de amparo, con la carga completa de la resolución en los jueces; cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría entrar con fuerza en temas como la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Hidrocarburos; asimismo asuntos de carácter electoral e incluso de militarización.

Dio de ejemplo el caso del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía, como norma que obligaba a los usuarios a registrar datos biométricos para conservar una línea o de lo contrario, someterse a una suspensión -cuyas consecuencias resultaron gravosas para los derechos de las personas, al considerar incluso la presunción de inocencia-.

De los 500 asuntos que en promedio recibía el juzgado en un año, durante 2021, entre la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Hidrocarburos y el Padrón de Usuarios de Telefonía, se recibieron nueve mil casos.

Ello correspondía a 18 años de trabajo en un juzgado como el de Telecomunicaciones.

Con la entereza y carácter que le definen como juzgador y autor, Juan Pablo Gómez Fierro puntualizó que incorporar la acción de inconstitucionalidad como una válvula de escape, con democratización a la institución…podría derivar en la protección a derechos fundamentales, dar un análisis sistemático al mecanismo de control de constitucionalidad… incluso con la proyección de establecer la suspensión y quitar la votación calificada.

Por: Paulina Rodríguez

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