Vinculan a proceso a Ernesto «N» por presunto huachicol fiscal y delincuencia organizada

México.- El exgobernador de Baja California, Ernesto «N», fue vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, informó la autoridad judicial al término de una audiencia que se prolongó por más de 35 horas.

La resolución fue dictada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien consideró que existían elementos suficientes para que el proceso penal continúe. Junto con el exmandatario, otras siete personas también fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles, que habría ocasionado un daño superior a 4,000 millones de pesos al erario.

Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó cerca de 100 datos de prueba para sustentar las imputaciones, relacionadas con presuntas operaciones irregulares de importación y comercialización de hidrocarburos mediante declaraciones falsas ante las autoridades aduaneras.

Como medida cautelar, Ernesto «N», Ricardo «N», José «N», Juan «N» y Luis «N» permanecerán en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, mientras que José María «N», Guillermo «N» y Adriana «N» enfrentarán el proceso bajo prisión domiciliaria o en un centro de reinserción social, según lo determinó la autoridad judicial.

La FGR sostuvo que la investigación se sustenta en evidencia suficiente y reiteró que durante el procedimiento se han respetado las garantías procesales de los imputados, quienes conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria firme.

De acuerdo con las investigaciones, Ernesto «N», quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995, habría utilizado la empresa Ingemar S.A. de C.V. para participar en un presunto esquema de contrabando de hidrocarburos y evasión fiscal. El exmandatario fue detenido el 16 de julio y, de ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena que oscila entre 32 y 57 años de prisión.

Como parte de las investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también ordenó el bloqueo de cuentas bancarias presuntamente vinculadas con el caso.