por Tribunal Supremo de Brasil cancela segunda sesión en medio de crisis entre magistrados
El Tribunal Supremo de Brasil canceló por segundo día consecutivo una sesión de deliberaciones, en medio de una creciente disputa entre sus magistrados por acusaciones de corrupción, parcialidad política y presuntas irregularidades relacionadas con la Policía Federal.
El presidente del Supremo, Luiz Edson Fachin, ordenó suspender la sesión y reprogramarla para el martes, una fecha inusual para las deliberaciones del pleno. Los 10 magistrados deberán analizar si Alexandre de Moraes debe ser investigado por sus presuntos vínculos con Daniel Vorcaro, propietario del quebrado Banco Master, señalado por un caso de fraude.
La disputa se intensificó el 1 de septiembre, cuando el magistrado André Mendonça desclasificó documentos de la Policía Federal que muestran que Vorcaro habría solicitado en varias ocasiones asesoría legal a Moraes.
Mendonça fue designado al Supremo por el expresidente Jair Bolsonaro, mientras que Moraes ha sido una figura central en procesos judiciales contra el exmandatario y sus aliados. El año pasado, Moraes participó en el proceso que terminó con la condena de Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.
A principios de esta semana, Moraes respondió solicitando una investigación contra Mendonça por un presunto abuso de poder, luego de que este entrevistara al banquero sin la presencia de policías o fiscales.
La disputa también ha adquirido una dimensión política. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente y uno de sus principales rivales políticos, han respaldado investigaciones sobre integrantes del Tribunal Supremo, aunque desde posiciones enfrentadas.
La crisis alcanzó además a la Policía Federal, luego de que dos decisiones contradictorias del propio Tribunal Supremo ordenaran primero la destitución y posteriormente la restitución de su director general.
La confrontación entre los magistrados ocurre a pocas semanas de las elecciones nacionales de octubre, aumentando la presión política sobre una de las principales instituciones judiciales de Brasil.
