Veinticuatro estados demandan a Trump por condicionar fondos para desastres

EEUU.- Una coalición integrada por 24 estados y el Distrito de Columbia presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump, al considerar que el Gobierno federal condiciona de manera ilegal el acceso a recursos destinados a la preparación, respuesta y recuperación ante desastres naturales.

La demanda fue presentada el 23 de julio ante un tribunal federal en Rhode Island y sostiene que los requisitos impuestos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) violan la Constitución y exceden las facultades del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con la querella, la administración federal exige que los estados adopten determinadas políticas migratorias y colaboren con las autoridades federales en materia de control migratorio como condición para recibir miles de millones de dólares en subvenciones previamente aprobadas por el Congreso.

El fiscal general de California, Rob Bonta, quien encabeza la demanda junto con su homólogo de Illinois, Kwame Raoul, afirmó que la Casa Blanca ya había intentado imponer condiciones similares en ocasiones anteriores y que esas medidas fueron impugnadas con éxito en los tribunales.

«Nuestras comunidades merecen algo mejor que ver sus recursos esenciales envueltos en juegos políticos», declaró Bonta.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, criticó la política de la administración Trump y sostuvo que el Gobierno federal no puede utilizar recursos públicos para presionar a los estados a modificar sus políticas.

Además de California e Illinois, la demanda fue suscrita por Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.

Con esta acción legal, la coalición busca impedir que los fondos federales destinados a emergencias sean condicionados a políticas ajenas a su propósito y garantizar que los recursos aprobados por el Congreso lleguen a las comunidades que los necesitan.