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SLP, entre estados incluidos en red de huachicol, desarticulada por FGR: Ernestina Godoy Ramos

SLP.- La Fiscalía General de la República (FGR) reportó haber detectado la red de contrabando de combustible más grande de la que se tenga registro.

El entramado operaba mediante carros tanque de ferrocarril y estaría vinculado a una empresa fundada por el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel -detenido en Ensenada-.

Tras un cruce de información aduanera, financiera y ferroviaria; autoridades federales reconstruyeron la logística de la organización.

La red importaba hidrocarburos desde Texas con destino a estados como Coahuila, Durango y Zacatecas, pero declaraba a la aduana apenas una fracción del producto real.

Al respecto, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, detalló el alcance del golpe al crimen organizado.

“A partir del análisis de información ministerial, aduanera, fiscal, financiera, ferroviaria y de comercio exterior, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”.

El modus operandi consistía en reportar solo 10 por ciento de la capacidad de los ferrotanques.

Declaraban 10 mil litros cuando en realidad transportaban hasta 110 mil.

El combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en espuelas ferroviarias clandestinas en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí; donde era transferido a pipas de siete empresas distintas.

La fiscal señaló que el dinero obtenido era dispersado a través de un complejo entramado financiero.

“Estos movimientos configuran un esquema financiero con indicios de triangulación de recursos. La reconstrucción de este entramado requirió el análisis de cuentas bancarias, operaciones de cambio de divisas, transferencias internacionales, relaciones corporativas y movimientos financieros en distintas jurisdicciones. Este trabajo permitió establecer la conexión entre la operación logística del combustible y la estructura financiera utilizada para administrar y dispersar los beneficios económicos generados por la organización”.

Desde la Fiscalía General de la República se estima que se omitió el pago de más de 106 millones de pesos entre Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), tras detectarse que metieron al país 10 veces más diésel y tres veces y media más gasolina de lo autorizado.

Por: Osvaldo Martínez

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