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INTERNACIONALES

Juez federal anula cuota de 100 mil dólares para visas H-1B

EEUU.- Un juez federal de Estados Unidos anuló la cuota de 100 mil dólares impuesta por el gobierno del presidente Donald Trump para determinadas solicitudes de visas H-1B, al considerar que el Poder Ejecutivo excedió sus facultades legales al establecer dicho cobro.

La decisión fue emitida por el juez federal Leo Sorokin, con sede en Boston, quien falló a favor de una coalición de 20 estados que impugnó la medida. El magistrado concluyó que la administración federal violó la Ley de Procedimiento Administrativo, normativa que regula la creación y modificación de reglamentos por parte de las agencias gubernamentales.

La tarifa fue implementada como parte de una estrategia para desalentar la contratación de trabajadores extranjeros mediante el programa de visas H-1B. Sin embargo, Sorokin determinó que el gravamen carecía de una autorización expresa del Congreso, por lo que no podía imponerse de manera unilateral.

Las visas H-1B están destinadas a profesionales altamente calificados en áreas donde existe escasez de mano de obra estadounidense. El programa es utilizado principalmente por grandes empresas tecnológicas y una parte significativa de las aprobaciones corresponde a trabajadores originarios de India.

Los estados demandantes argumentaron que el programa ya enfrentaba dificultades para cubrir vacantes en sectores esenciales como la salud y la educación antes de la entrada en vigor de la cuota extraordinaria.

Aunque el juez emitió un fallo sumario en contra de la tarifa, la medida continúa vigente debido a otros procesos judiciales en curso. Entre ellos destaca una demanda impulsada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que busca revertir decisiones relacionadas con la legalidad del cobro y que mantendría el tema bajo revisión al menos hasta septiembre de 2026.

Además, una demanda independiente presentada en San Francisco por organizaciones religiosas y grupos laborales podría derivar en resoluciones distintas entre los circuitos federales de apelación, lo que aumentaría la posibilidad de que el caso llegue a instancias judiciales superiores.

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