Reporte señala que bombardeos de EUA contra el narcotráfico han cobrado la vida de 13 mexicanos

EEUU.- Al menos 13 ciudadanos mexicanos habrían fallecido durante operaciones marítimas realizadas por Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales, de acuerdo con un reportaje publicado por el Los Angeles Times.

Según la investigación, el caso más grave ocurrió el 16 de febrero de 2026, cuando misiles estadounidenses impactaron embarcaciones que habían zarpado de la costa del Pacífico mexicano. El ataque dejó ocho personas fallecidas, siete originarias de La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, y una de Cabo Corrientes, Jalisco.

De acuerdo con testimonios recabados por el diario entre habitantes de la zona, las víctimas eran pescadores que obtenían ingresos adicionales transportando gasolina para abastecer lanchas rápidas utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico. El reportaje señala que no portaban armas ni transportaban drogas al momento del ataque, según esos testimonios.

La publicación también refiere que, durante la misma campaña, murieron al menos otros cinco mexicanos, entre ellos pescadores de Puerto San Carlos, Baja California Sur, como Jesús Rangel Romero, así como Enrique Meza y su hijo, conocido como «Kikín», quienes habrían fallecido en incidentes registrados en marzo y mayo de 2026. De acuerdo con la investigación, varios de ellos recurrieron a actividades de contrabando de bajo nivel debido a las dificultades económicas que enfrentaba la comunidad tras el cierre de una empacadora.

El reportaje sostiene que la administración del presidente Donald Trump fundamentó estas operaciones en un memorando confidencial elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) del Departamento de Justicia, el cual argumentaría que Estados Unidos mantiene un conflicto armado no internacional contra 24 organizaciones criminales designadas como grupos terroristas.

Según el documento citado por el medio, esa interpretación permitiría el uso de fuerza militar contra personas que participen en actividades consideradas de apoyo logístico a dichas organizaciones.

No obstante, especialistas en política de drogas y derecho internacional consultados por el periódico cuestionaron esa interpretación jurídica y señalaron que no existe consenso sobre equiparar a organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa o el Tren de Aragua con grupos insurgentes de carácter político, al sostener que su principal objetivo continúa siendo el beneficio económico.

Asimismo, organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que este tipo de operaciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, una interpretación que, según el reportaje, es rechazada por la administración estadounidense.