por FGR detiene a exfuncionario del SAT por presunto enriquecimiento ilícito
México.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), cumplimentaron una orden de aprehensión contra Héctor Taurino Landa Cabrera, exfuncionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito.
La detención se realizó en la ciudad de Xalapa, Veracruz, mediante un operativo coordinado en un domicilio ubicado en la colonia Felipe Carrillo Puerto, con el apoyo de autoridades integrantes del Gabinete de Seguridad.
De acuerdo con las investigaciones, Landa Cabrera se desempeñó entre 2011 y 2018 como administrador Central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, cargo desde el cual presuntamente habría obtenido beneficios patrimoniales injustificados.
Según la información proporcionada por la FGR, la empresa Arrendadora Franllutti le habría entregado una residencia ubicada en la zona de Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, valuada en más de 15 millones de pesos. El inmueble habría sido otorgado como supuesto pago por un contrato de prestación de servicios que, de acuerdo con las indagatorias, nunca llegó a concretarse.
La Fiscalía señaló que la identificación y localización del exfuncionario fueron posibles gracias a trabajos de inteligencia, análisis patrimonial y técnicas especializadas de investigación desarrolladas en coordinación con el SAT.
Las autoridades sospechan que el exservidor público incrementó de manera injustificada su patrimonio y recibió beneficios económicos que no corresponderían a sus ingresos legales ni al desempeño de sus funciones.
Con base en los datos de prueba recabados durante la investigación, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, solicitó y obtuvo de un juez federal la orden de aprehensión correspondiente.
Tras su captura, Héctor Taurino Landa Cabrera quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso penal en su contra.
La FGR reiteró que continuará con las investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, como parte de las acciones para combatir conductas que afecten la legalidad y la función pública.
