FGJEM acusa a alcaldesa de Tenancingo por presunta simulación de secuestro

Tenancingo.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejerció acción penal contra seis personas, entre ellas la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy «N», por su presunta participación en la simulación de un secuestro ocurrido el pasado 31 de mayo.

De acuerdo con las investigaciones, el supuesto plagio habría sido planeado desde febrero por la alcaldesa, su esposo José Roberto «N» y su cuñado Óscar «N», con el objetivo de exigir un rescate de 40 millones de pesos que presuntamente serían obtenidos de recursos del presupuesto municipal.

Las indagatorias señalan que Óscar «N» contactó a Cristian «N», quien habría aceptado participar en el plan a cambio de 500 mil pesos. Posteriormente, éste involucró a su pareja, Karla Valeria «N», y a su hermano, Víctor Manuel «N». Los tres fueron detenidos el 11 de junio en el estado de Oaxaca.

Según la FGJEM, diversas pruebas contradijeron la versión inicial presentada por la alcaldesa sobre una supuesta privación ilegal de la libertad. Entre los elementos recabados se encuentran registros que descartan el uso de violencia física durante el hecho y evidencias que apuntan a que la propia funcionaria habría indicado la ruta a seguir para evitar zonas con cámaras de videovigilancia.

La investigación también establece que, durante el trayecto, Nancy «N» realizó llamadas telefónicas a familiares en las que pidió no informar a las autoridades sobre su presunta desaparición.

La Fiscalía solicitó una audiencia de imputación contra la edil, programada para el próximo 9 de julio, por el delito de simulación de secuestro. En caso de ser encontrada responsable, podría enfrentar las sanciones previstas por la legislación correspondiente.

Además, el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción para investigar el presunto desvío de 40 millones de pesos que habría motivado la planeación del supuesto secuestro.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y esclarecer el posible destino de los recursos señalados.