por Costa Rica inaugura megacárcel con capacidad para 5 mil 100 reclusos
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró el miércoles 14 de octubre el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad con capacidad para albergar a 5 mil 100 personas. Las autoridades prevén trasladar a los primeros internos a finales de este mes.
El complejo se encuentra en Alajuela, a unos 19 kilómetros de San José, y está distribuido en cinco módulos. De acuerdo con el gobierno costarricense, el centro busca mantener bajo control a personas condenadas por delitos graves, incluidos integrantes de organizaciones criminales que operaban desde las cárceles.
Durante la inauguración, Fernández defendió la construcción del penal como parte de su estrategia para combatir la delincuencia y el narcotráfico. La mandataria afirmó que el objetivo es recuperar el control de los centros penitenciarios e impedir que los reclusos mantengan privilegios o continúen dirigiendo actividades criminales desde su interior.
La apertura ocurre en un contexto de aumento de la violencia en el país. Costa Rica registró 873 homicidios durante 2025, de acuerdo con cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lo que lo convirtió en el tercer año más violento de su historia.
Poco después de la inauguración, familiares de personas privadas de la libertad presentaron un recurso de amparo para intentar frenar los traslados al nuevo centro. Entre sus argumentos señalaron posibles problemas de temperatura y ventilación, pues advirtieron que las instalaciones podrían alcanzar los 40 grados Celsius. Las condiciones denunciadas forman parte de los cuestionamientos sobre el trato que recibirán los internos.
La construcción del CACCO está inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, impulsado por el presidente Nayib Bukele. Aunque el modelo salvadoreño ha sido presentado como una referencia en materia de seguridad, también ha recibido críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos por las restricciones a las garantías de las personas detenidas.
