UASLP aseguró que no negó solicitud a alumna con discapacidad auditiva.
SLP.- En rueda de prensa, autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se defendieron al argumentar que no negaron la solicitud de una alumna de nuevo ingreso con discapacidad auditiva que necesita un intérprete de lengua de señas para su desarrollo educativo.
Fue la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, quien aseguró no haberse reunido en ningún momento con la estudiante pese a que la representante de la Fundación Rincón Gallardo señaló lo contrario.
“Ella no se entrevistó conmigo es importante puntualizarlo, sé entrevistó con la maestra Beatriz Aguilera, yo no tuve una entrevista con ella, la que se entrevistó conmigo fue la presidenta de la fundación Catalina Torres… yo no me entrevisté con ella y tengo los medios para compartírselos… con Catalina no fue una negativa fue una exposición en donde le dijimos justamente que tenía que atender los ajustes razonables”, dijo en un tono de molestia.
Tanto el rector de la universidad, Alejandro Zermeño Guerra, como la propia Navarro Sánchez, se justificaron también en el hecho de que Carmina Salinas, la estudiante en cuestión, presentó su solicitud un día antes de que el personal de la institución se fuera de vacaciones.
“Presentó el viernes 23 de julio, el último día del periodo de labores antes del proceso de receso, una solicitud formal de que se le asignara un interprete de lenguaje de señas… Solicitud que derivado a como lo expuso el rector, fue tramitada el ultimo día que estuvimos en funciones, es decir, no ha habido una negativa de no otorgarle dichos apoyos, lo cierto es que es importante decir que la universidad tiene al momento 37 personas con discapacidad, entre discapacidad visual, auditiva y motriz, 34 son de licenciatura, dos de maestría y uno de doctorado y son personas que de acuerdo a la convención se tienen que realizar ajustes razonables”, detalló.
En ese sentido, explicó que los ajustes razonables son las medidas necesarias inmediatas que implican garantizar el acceso a la universidad, en este caso la educación inclusiva, mismas que están sujetas a dos criterios: saber cuál es la necesidad y que ello no implique una carga indebida o desproporcional a la persona o la institución.
“Se tienen que maximizar y agotar los recursos con los que se cuenten, y el resto tendrán que ser acciones de carácter progresivo en materia de Derechos Humanos;… lo que yo les diría es que no ha habido una negativa de la universidad, la persona que es estudiante ahora de la universidad tiene todo el derecho de acudir a los tribunales y nosotros de acreditar la inexistencia del acto reclamado porque no habido una negativa por parte de la universidad”, reiteró.
De acuerdo con Urenda Navarro, actualmente se llevan a cabo las gestiones necesarias para garantizar los derechos humanos de la estudiante.
“Las gestiones están hechas, nosotros hemos solicitado a las instituciones que cuentan con personal la colaboración institucional, vamos a seguir abocándonos en la solicitud de prestadores de servicio social de las carreras de educación inclusiva de la normal del estado, hemos abocado a gestionar también, dado que no contamos con el recurso humano, para hacerlo, buscar los mecanismos para garantizarlos”, terminó.
Por: José Luis Vázquez
