Tribunal británico anuló la prohibición de relaciones homosexuales en Trinidad y Tobago

El Comité Judicial del Consejo Privado, máxima instancia de apelación para Trinidad y Tobago, anuló las disposiciones legales que criminalizaban las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. La resolución, emitida el 10 de noviembre, declaró inconstitucionales artículos de la Ley de Delitos Sexuales de 1986.

El fallo confirmó una decisión previa que había invalidado las disposiciones conocidas como “sodomía” e “indecencia grave”. El juez Philip Sales señaló que esas leyes no pueden justificarse razonablemente en una sociedad que respeta los derechos y las libertades individuales. También sostuvo que la orientación sexual y las relaciones íntimas consentidas entre adultos forman parte de la identidad de las personas y están protegidas por el derecho a la vida privada y familiar.

El caso fue impulsado por Jason Jones, activista nacido en Trinidad y Tobago y residente en Reino Unido, quien presentó una demanda en 2017. En 2018 obtuvo un fallo favorable del Tribunal Superior, pero la decisión fue revocada por el Tribunal de Apelaciones en 2025. Posteriormente, llevó el caso ante el Consejo Privado, con sede en Londres, que resolvió la apelación definitiva.

Las restricciones tienen antecedentes en la legislación colonial británica. Una primera versión de estas prohibiciones fue incorporada al marco legal de Trinidad y Tobago en 1925. Después de la independencia del país, en 1962, se mantuvieron disposiciones heredadas y, en 1986, el Parlamento aprobó una nueva Ley de Delitos Sexuales que sustituyó las normas anteriores e introdujo medidas más severas.

Jones afirmó que su demanda buscaba defender los derechos humanos y la autonomía corporal, más allá de la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo. También señaló que la resolución representa un alivio para las comunidades que, según dijo, han vivido en condiciones de discriminación y marginación. Tras el fallo, adelantó que buscará impulsar las uniones civiles y promover una reforma constitucional para eliminar la cláusula que protege determinadas leyes anteriores a la independencia.

Organizaciones defensoras de los derechos LGBTQ+ celebraron la decisión. Human Dignity Trust la calificó como una victoria para la comunidad y una ratificación de que las leyes que penalizan la intimidad consentida no tienen cabida en una sociedad que respeta las libertades fundamentales. Por su parte, CAISO, organización feminista de Trinidad y Tobago, consideró que el fallo representa una victoria jurídica histórica.

Aunque la resolución tiene efectos directos únicamente en Trinidad y Tobago, activistas y especialistas consideran que podría servir como referencia para impugnar prohibiciones similares en otras antiguas colonias británicas del Caribe. Entre los países que aún criminalizan las relaciones sexuales entre hombres se encuentran Jamaica, Guyana, Granada y San Vicente y las Granadinas.