por ONU lleva crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General
El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llevó este martes la crisis de desapariciones en México ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, donde expuso sus hallazgos y planteó la necesidad de cooperación internacional para fortalecer la búsqueda de personas, las investigaciones y la identificación forense.
El presidente del Comité, Juan Pablo Albán, presentó el informe anual del organismo, que incluye la aplicación inédita del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, mecanismo que permite remitir a la Asamblea General situaciones en las que existen indicios fundados de desapariciones generalizadas o sistemáticas.
El pasado 2 de abril, el Comité solicitó que la situación de México fuera remitida a la Asamblea General, al señalar que existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas se han cometido y continúan cometiéndose en el país, algunas con características de crímenes de lesa humanidad. También identificó posibles vínculos entre integrantes del crimen organizado y servidores públicos de distintos niveles, además de deficiencias en las investigaciones, las búsquedas y la identificación forense.
El organismo precisó que su decisión no determina la responsabilidad internacional del Estado mexicano ni establece que exista una política federal dirigida a cometer desapariciones forzadas. Entre sus recomendaciones se encuentran brindar asistencia técnica internacional y fortalecer los mecanismos para esclarecer los hechos, proteger a las familias y combatir la impunidad.
Por su parte, el Gobierno de México rechazó las conclusiones del Comité al considerar que son tendenciosos y no toman en cuenta las acciones institucionales emprendidas para atender la crisis. En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores señalaron que el informe se concentra principalmente en hechos de 2009 a 2017 y cuestionaron que no se incorporara información actualizada presentada por el Estado mexicano.
El Gobierno federal también destacó las reformas aprobadas en julio de 2025, entre ellas la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte de desaparición. Aseguró que está dispuesto a recibir cooperación técnica internacional, pero rechazó las conclusiones que, a su juicio, no reflejan la situación actual del país.
En contraste, organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares han solicitado que México aproveche la cooperación internacional para enfrentar la impunidad, la crisis forense y las dificultades que persisten en la búsqueda de sus seres queridos.
