Fondos habilitaron autoridades en SLP, como parte del proceso para abolir la esclavitud, revelan investigadores
En el marco del Bicentenario de la Constitución Política del Estado, se llevó a cabo el conversatorio «Hito de justicia social: abolición de la esclavitud» durante el cual se analizaron implicaciones económicas y debates éticos que llevaron a la promulgación del Decreto Número 49 de 1827 en San Luis Potosí.
El profesor investigador, José Alfredo Rangel destacó que con el decreto se buscó conciliar el derecho a la libertad con el dogma legal de la propiedad privada de la época.
«Por un lado está el impulso a liberar a los esclavos porque tienen la dignidad de un ser humano; y por el otro está el impulso a ‘pero es que son propiedad’. ¿Cómo hacer compatibles estas dos ideas? El decreto es lo que está tratando de negociar.»
Por su parte, la profesora investigadora María de la Luz Carregha explicó que para el siglo XIX, el avance del nuevo sistema económico ya impulsaba el uso de mano de obra asalariada.
«La expansión de este sistema económico hizo ver que la mano de obra asalariada era más barata que la mano de obra esclava… Los novohispanos ya estaban prefiriendo contratar mano de obra asalariada, sobre todo en las haciendas y en las minas del Bajío.»
María de la Luz Carregha subrayó que San Luis Potosí destinó fondos públicos para lograr una abolición real.
«A diferencia de los decretos anteriores… el decreto potosino diseñó un sistema de rescate financiero. El gobierno estatal habilitó fondos a los ayuntamientos para pagar a los dueños el valor comercial de los esclavos, logrando así la liberación inmediata y efectiva.»
Por último, académicos resaltaron el artículo noveno -el cual concedió libertad automática a cualquier persona en esclavitud que pisara suelo potosino-.
