por Dictan prisión preventiva a Ernesto Ruffo por presunto contrabando de hidrocarburos
México.- Un juez federal impuso prisión preventiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otras siete personas por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La medida cautelar fue dictada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, al término de una audiencia que se prolongó por aproximadamente 40 horas, durante la cual el Ministerio Público Federal (MPF) presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar las imputaciones.
Como parte de la resolución, Ernesto Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 «Altiplano».
En tanto, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales cumplirán la medida cautelar en arresto domiciliario por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén permanecerá internada en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.
De acuerdo con la FGR, las detenciones derivan de una investigación relacionada con presuntas operaciones irregulares en la importación, distribución y comercialización de hidrocarburos, mediante un esquema que consistía en introducir combustible al país con declaraciones aduaneras falsas o incompletas, lo que habría ocasionado importantes pérdidas para el erario.
La dependencia sostiene que la red delictiva estaría vinculada con la empresa Ingemar, de la que Ruffo Appel es señalado como accionista mayoritario. Según las investigaciones, las operaciones presuntamente ocasionaron un daño superior a 4 mil millones de pesos entre enero y julio de 2025 por el incumplimiento de obligaciones fiscales relacionadas con la importación y comercialización ilegal de combustibles.
La investigación continúa y será en una próxima audiencia cuando la autoridad judicial determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso a los imputados por los delitos que les atribuye la FGR.
