Congresistas de Texas quieren usar el T-MEC para forzar entregas de agua a México
Austin.- Un grupo de 13 congresistas republicanos de Texas solicitó a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) integrar el Tratado de Aguas de 1944 al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con el objetivo de obligar a México a cumplir con sus entregas de agua del Río Bravo.
En una carta dirigida a la USTR, los legisladores argumentaron que, a diferencia del acuerdo hídrico, el T-MEC cuenta con mecanismos formales de solución de controversias que permitirían exigir el cumplimiento. Según los congresistas, esto evitaría depender de la voluntad del Gobierno mexicano para garantizar las entregas estipuladas.
El Tratado de Aguas de 1944 establece que México debe aportar un mínimo de 2,158 millones de metros cúbicos de agua en ciclos de cinco años. No obstante, reportes recientes indican que, en el periodo 2020-2025, el país ha cumplido apenas con cerca de la mitad de esta cuota.
Esta situación ha generado preocupación en comunidades fronterizas, especialmente en el sur de Texas, donde las pérdidas económicas en el sector agrícola se estimaron en mil millones de dólares durante 2023.
Los congresistas plantean que, ante un eventual incumplimiento, se activen los mecanismos del T-MEC, lo que podría derivar en sanciones comerciales equivalentes al daño causado. La propuesta se encuentra ahora bajo análisis de la USTR, que evaluará su viabilidad jurídica y política.
En paralelo, productores agrícolas de Tamaulipas han solicitado al Gobierno Federal incorporar especialistas en el tema hídrico dentro de cualquier discusión relacionada con el T-MEC. Marco Antonio Garza Acosta, dirigente del Distrito de Riego 26, advirtió sobre el riesgo de decisiones erróneas ante el desconocimiento técnico en la gestión de aguas compartidas.
La iniciativa ha generado posturas encontradas. Mientras algunos expertos sostienen que se trata de instrumentos de distinta naturaleza —uno hídrico y otro comercial—, los congresistas defienden que la integración podría ser una vía más eficaz para resolver la actual deuda de agua.














