INTERNACIONALES

CIJ declara a Myanmar responsable de genocidio contra la población rohinyá

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró a Myanmar responsable de cometer genocidio contra la población rohinyá durante la ofensiva militar de 2017 en el estado de Rakáin. Se trata del primer fallo de este tribunal que establece la responsabilidad internacional de un Estado por este crimen.

La sentencia se aprobó por nueve votos contra seis. Con la misma votación, los jueces determinaron que Myanmar incumplió su obligación de prevenir el genocidio cometido por particulares en colaboración con sus fuerzas de seguridad. Sin embargo, por 14 votos contra uno, descartaron que las autoridades hubieran incitado públicamente a cometerlo.

El tribunal concluyó que las pruebas demostraron la intención de destruir una parte sustancial de la comunidad rohinyá, uno de los elementos necesarios para establecer jurídicamente la existencia de genocidio, de acuerdo con la Convención internacional que prohíbe este crimen.

Como parte de las medidas de reparación, la CIJ ordenó a Myanmar investigar a las personas sobre las que existan sospechas razonables de haber participado en los actos de genocidio y, cuando corresponda, procesarlas y castigarlas. También dispuso que el país indemnice a las víctimas y adopte medidas para evitar que se repitan hechos similares.

Entre las disposiciones se encuentra facilitar el regreso seguro, voluntario y digno de la población desplazada, garantizar la reunificación de familias separadas, devolver o sustituir las propiedades perdidas o dañadas y facilitar la búsqueda de personas desaparecidas. Además, el Estado deberá garantizar la rehabilitación física y psicológica de las víctimas.

El fallo establece la responsabilidad de Myanmar como Estado, pero no implica el encarcelamiento automático de sus mandos militares o dirigentes. La CIJ resuelve controversias entre Estados y no procesa penalmente a personas; corresponde a las autoridades birmanas investigar y sancionar a los responsables, conforme a lo ordenado.

La sentencia representa un reconocimiento jurídico internacional para las víctimas, aunque no garantiza por sí misma que puedan regresar a sus hogares. La corresponsal de BBC News en La Haya señaló que el tribunal tampoco cuenta con un mecanismo propio para ejecutar sus resoluciones.

La ofensiva militar de 2017 provocó el desplazamiento masivo de la población rohinyá, una minoría étnica musulmana que durante décadas ha enfrentado discriminación y restricciones de derechos en Myanmar. Las operaciones militares, acompañadas de incendios de poblados y asesinatos, obligaron a más de 700 mil personas a huir hacia Bangladesh.

Actualmente, más de un millón de rohinyás desplazados viven en campos de refugiados en ese país. La comunidad también ha enfrentado violencia sexual y la negación de la ciudadanía en Myanmar, situación que la ha convertido en una de las poblaciones apátridas más numerosas del mundo.

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