por El gobierno no invierte en Educación
Una buena administración pública cumple con las funciones que le son propias en democracia, es decir, sirve objetivamente a la población realizando un trabajo con base en la racionalidad, justificando suficientemente sus actuaciones y orientándose continuamente al interés general, como lo es la mejora permanente e integral de las condiciones de vida de las personas.
En momentos de pandemia, crisis económica e inseguridad pública estos cánones no se suspenden ni se disminuyen, sino que se potencian en todos los rubros de la administración pública, y la Educación por supuesto que no es la excepción.
La sociedad mexicana está inmersa en un serio debate sobre la reanudación o no de las clases presenciales de nuestra niñez a partir del próximo 30 de agosto. La discusión ha sido motivada por las autoridades, quienes temerariamente han dicho que llueva, truene o relampaguee, la presencia física del alumnado será requerida ya que “es preferible que vayan a la escuela a que sigan jugando videojuegos”.
Se trata, a todas luces, de una disyuntiva falsa, pues ir a las escuelas no impedirá que niños que tienen acceso a videojuegos sigan utilizándolos ni que los niños que no los tienen a pesar de no ir a la escuela tengan acceso a ellos.
La Educación en México exige seriedad, profesionalismo y altura de miras.
Las autoridades tienen la obligación de ser racionales en las acciones que emprende, justificando amplia y contundentemente sus decisiones y orientándose indudablemente al interés de las y los educandos y sus familias, aspectos todos ellos ausentes en la tribuna mañanera, omisión que mucho daño está generando al interés general.
El gobierno federal repele cualquier responsabilidad presupuestal, administrativa y legal en su decisión, dejando la mayor parte de ésta en las y los maestros de México, quienes en los hechos con sus medios y entender deberán desarrollar protocolos, comprar equipo, cuidarse y cuidar a sus alumnos, convertirse en médicos que por la mañana reciban a los niños y los diagnostiquen, sin olvidar que también deberán ser carpinteros, plomeros, pintores y resanadores para adecuar espacios.
Ello porque el gobierno federal no está destinando un solo centavo ya no digamos para limpiar, sino para rehabilitar los planteles educativos que llevan 17 meses cerrados, tiempo durante el cual por lo menos 11 mil han sido saqueados y vandalizados. ¿Cuál es el diagnóstico del que está partiendo la autoridad educativa para justificar su reanudación presencial el 30 de agosto? Me temo que no existe.
La magnitud de los retos y peligros supera por mucho la capacidad de maestros y directores de escuela, pues se requiere la conjunción de esfuerzos con el sector salud y la guía y acompañamiento imprescindible de las autoridades y familias.
Persona alguna puede negar que las y los niños necesitan regresar a la escuela, pero de forma ordenada, escalonada y sobre todo segura. Para ello, el gobierno (y no los padres ni madres de familia y tampoco los maestros) está obligado a destinar los recursos necesarios para garantizar las condiciones de salubridad en el arranque y durante el ciclo escolar; así como las herramientas pedagógicas y de atención inmediata en caso de contagio; proporcionar equipo de prevención; adecuar espacios físicos; garantizar que las escuelas tengan acceso inmediato a pruebas de diagnóstico, evaluaciones médicas pertinentes y atención médica inmediata.
Es decir, el regreso presencial a clases exige indudablemente inversión pública para preservar lo más valioso que es la vida y salud de nuestras niñas y niños.
No es a través de la imposición, cerrazón ni imprudencia como lograremos reanudar las clases presenciales, sino a través del diálogo, entendimiento, compromiso e inversión pública urgente y pertinente.
No arriesguen a nuestra niñez como han arriesgado a millones de adultos.
Alejandro Moreno, Presidente Nacional del PRI.
