por El derecho al trabajo en México
La pandemia ha causado severos estragos en todos los sectores sociales, uno de los principales es el laboral.
Si bien el Congreso de la Unión ha reformado la Ley Federal del Trabajo para contemplar y regular el llamado teletrabajo, que cundió tras la aparición del Covid-19 y parece haber llegado para quedarse, es claro que los retos que México enfrenta en materia laboral siguen siendo numerosos y urgentes.
El artículo 123 constitucional reconoce el derecho al trabajo digno, sin embargo, las condiciones reales de la economía, el creciente costo de la vida y el cierre masivo de fuentes de empleo han obligado que las y los mexicanos sacrifiquemos descanso para trabajar más y llevar comida a la mesa familiar.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, las personas que cuentan con capacitación laboral y que perdieron su trabajo durante 2020 se incrementó 127% en comparación con 2019. Y si bien, este año ha sido de recuperación para nuestro país, lo cierto es que no vamos al ritmo necesario para recuperar todo lo perdido y avanzar en la disminución del desempleo.
No existe una política pública que incentive la creación de empleo en territorio nacional, al contrario, cada día se emiten mayores señales de desconfianza y amenaza.
La pobreza laboral es una lacerante realidad en la que jefas y jefes de familia no obtienen la remuneración suficiente para adquirir los productos de la canasta básica alimentaria, provocando desnutrición, desesperanza y sufrimiento.
Esta condición se agrava en las mujeres, jóvenes y personas mayores, quienes desarrollan su actividad laboral principalmente en el terciario, sector duramente golpeado por la pandemia, pero también por la falta de apoyos gubernamentales para sortear las graves consecuencias de la crisis económica cuya gestación antecedió a la pandemia.
Por si faltara algo, el propio INEGI estima que nueve millones de niños y adolescentes abandonaron sus estudios el año pasado debido a la precariedad de la situación familiar, optando por buscar alguna actividad lucrativa, aunque ello significara cancelar su preparación y frustrar sus sueños.
Insisto, a pesar de esta preocupante realidad, el gobierno federal sigue sin entender la situación y no ha implementado una sola acción que busque prevenir que esa niñez y juventud sean objeto de explotación laboral o sexual o se dediquen a alguna actividad peligrosa.
El Estado social mexicano no puede ni debe renunciar a su papel no solo regulador, sino sobre todo equilibrador de las desigualdades sociales. Es loable que se haya restringido aún más la subcontratación laboral y se esté buscando ampliar plazos que, desde un inicio, eran irrisorios e irresponsables plantear, pero la realidad del mercado laboral es que el trabajo digno no está al alcance de amplios sectores de la sociedad, los cuales sacrifican sueldo, prestaciones, descanso, capacitación y progreso en aras de saciar necesidades básicas.
En México, ¿qué estamos haciendo para corregir la desigualdad laboral: promoviendo la inversión productiva, respetando y haciendo respetar la ley, garantizando un trato justo a empleadores, incentivando el emprendurismo y elevando la calidad de los servicios públicos? Me parece que no estamos haciendo nada de lo anterior y sí mucho de lo contrario. Ahí los resultados y las consecuencias.
Ya es tiempo de dar rumbo a México.
Alejandro Moreno, Presidente Nacional del PRI.
