Trump impulsa red nacional de centros de detención para de migrantes

EEUU.- La Administración del presidente Donald Trump inició el proceso para adquirir más de 20 bodegas en distintos puntos de Estados Unidos con el objetivo de convertirlas en centros de detención para migrantes, de acuerdo con un reporte de Bloomberg. Aunque el Gobierno federal no ha confirmado oficialmente estos planes, ya fue aprobado un contrato cercano a los 30 millones de dólares para el diseño de “centros de procesamiento y megacentros de detención”.

Uno de los proyectos más ambiciosos se ubicaría en Hutchins, Texas, donde un almacén sería reconvertido en el centro de detención migratoria más grande del país, con capacidad para albergar hasta 9,500 personas. También se prevé la apertura de nuevas instalaciones en otras ciudades texanas, entre ellas El Paso, con 8,500 camas; una más en las cercanías de San Antonio, con 1,500 espacios, y otra en McAllen, con capacidad para 500 migrantes. Además, se analizan posibles centros en estados como Georgia, Misisipi y Utah, entre otros.

Estos planes se dan en un contexto de crecientes protestas, como las registradas recientemente en Mineápolis, en rechazo a las políticas antimigratorias y al despliegue de agentes federales en comunidades locales. La Administración Trump ha reiterado su intención de ejecutar lo que ha denominado “la mayor campaña de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos”, estrategia que ha derivado en la expansión de la infraestructura de detención migratoria.

Bajo la actual Administración, las detenciones de personas migrantes han alcanzado niveles récord, con un promedio de más de 73,000 personas bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001. El año pasado fue uno de los más mortíferos para los detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), con más de 30 muertes reportadas, mientras que en lo que va de 2026 ya se han registrado al menos tres fallecimientos en centros de detención.

Ante este panorama, una coalición de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la ACLU y Human Rights Watch, exigió el cierre del centro conocido como Camp East Montana, al denunciar condiciones inhumanas y presuntos abusos físicos y sexuales contra personas detenidas.