Juez rechaza desechar el caso contra Maduro, pero cuestiona restricciones financieras

EEUU.- La segunda audiencia del proceso judicial contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, concluyó este jueves 26 de marzo sin que el juez emitiera una decisión sobre la disputa relacionada con el pago de su defensa legal.

Durante la sesión, el magistrado Alvin Hellerstein expresó dudas sobre la congelación de fondos venezolanos por parte del Gobierno de Estados Unidos, medida que impide a los acusados financiar a sus abogados.

La defensa había solicitado desestimar el caso luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) negara el uso de esos recursos. Sin embargo, el juez descartó esa petición al considerar que se trata de una medida demasiado drástica.

Por su parte, el fiscal adjunto Kyle Wirshba defendió el uso de sanciones como instrumento de política exterior. No obstante, Hellerstein cuestionó este argumento al señalar que, al encontrarse detenidos, Maduro y Flores no representan una amenaza para la seguridad nacional. Además, subrayó que el contexto político ha cambiado y que Estados Unidos ha retomado relaciones comerciales con Venezuela.

Maduro enfrenta cuatro cargos, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo y delitos relacionados con armas, mientras que Flores está acusada de otros cuatro cargos vinculados con narcotráfico y posesión de armamento. Ambos se declararon no culpables en su primera comparecencia.

Durante la audiencia, la defensa presentó una nueva moción para desestimar los cargos de narcoterrorismo, argumentando que el bloqueo de fondos vulnera su derecho a elegir representación legal. En paralelo, la fiscalía solicitó una orden de protección para evitar que el material probatorio sea compartido con otros coacusados que permanecen prófugos.

El caso ha generado atención internacional por la gravedad de las acusaciones y su trasfondo político. Maduro, quien se ha definido como “prisionero de guerra”, y su esposa continúan enfrentando un proceso que podría prolongarse durante años, mientras su defensa busca garantizar condiciones adecuadas para su representación legal.