por Congresos estatales bajo la lupa por altos costos por legislador
México.- Los congresos de Baja California, Morelos, Michoacán y Ciudad de México destacan como los más costosos por legislador en 2026, de acuerdo con datos presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia del 12 de marzo.
En el contexto del llamado “Plan B” de la reforma electoral, el Gobierno federal plantea reducir el gasto legislativo, al señalar que los presupuestos de estos congresos superan recursos destinados a áreas prioritarias como inclusión, bienestar social y atención a la violencia contra las mujeres.
La iniciativa contempla un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos, al establecer que el presupuesto anual de los congresos locales no exceda el 0.70 % del presupuesto de egresos de cada entidad.
De aplicarse este límite:
- Michoacán tendría que reducir su presupuesto en 37.5 %
- Baja California lo haría en 26 %
- Morelos enfrentaría un recorte de hasta 56.2 %, ya que actualmente duplica el límite propuesto
El Congreso estatal cuenta con un presupuesto de 871 millones de pesos, lo que equivale a 34 millones 867 mil pesos por legislador.
Este monto supera los recursos asignados a dependencias como la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Mujeres. La dieta mensual de los legisladores es de 64 mil 535 pesos.
El Congreso dispone de 637 millones de pesos, cifra que también rebasa el presupuesto de áreas como Protección Ambiental y la Secretaría de Mujeres.
Los legisladores perciben una dieta mensual de 63 mil pesos, lo que representa un gasto anual de 15 millones 120 mil pesos.
El presupuesto asciende a 1,209 millones de pesos, lo que excede en 60 % el límite propuesto en el Plan B.
Este monto es mayor que el destinado a dependencias como la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres.
El Congreso capitalino cuenta con 1,886 millones de pesos, equivalentes a 28 millones 580 mil pesos por legislador.
Este presupuesto también supera recursos destinados a programas sociales y de atención a la violencia de género, lo que ha generado cuestionamientos sobre la asignación del gasto público.
La propuesta del Ejecutivo no solo busca reducir el gasto legislativo, sino también fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.
Sin embargo, la falta de claridad en declaraciones patrimoniales y registros de gastos de legisladores ha generado preocupación sobre el nivel de supervisión y control.
En este contexto, la discusión del “Plan B” ha reavivado el debate sobre la necesidad de ajustar el gasto de los congresos locales y priorizar recursos en áreas sensibles como bienestar social, inclusión y atención a la violencia de género.
