Colectivo señala a magistrados por determinar que gratuidad de educación superior estaría sujeta a suficiencia presupuestal de la institución.
SLP.- Este jueves, integrantes del Colectivo Praxis Combativa se manifestaron en las inmediaciones del edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para denunciar públicamente a un par de magistrados que incurrieron en la violación de derechos humanos de al menos seis estudiantes.
Según refieren, los magistrados Edgar Humberto Muñoz y Dalila Quero Juárez emitieron nuevas sentencias en la que afirman que la gratuidad de la educación superior comenzará a implementarse de manera gradual y progresiva en función de la suficiencia presupuestal a partir del ciclo 2022-2023.
“Los distintos juzgados de distrito, tribunales colegiados locales, empezaron a tener un criterio de conceder los amparos para que se hiciera efectivo ese derecho, ahora el problema es que un tribunal colegiado con dos magistrados, porque son tres, han tenido un criterio que implica una regresión a los derechos humanos, es decir, ya están diciendo que no es necesario conceder los amparos porque la educación va a ser gratuita de manera progresiva”, dijo uno de ellos.
Recordaron que desde los juicios de 2019, 2020 y 2021, los ocho jueces federales y el Primer Tribunal Colegiado de San Luis Potosí coincidieron en que la educación superior debe ser gratuita; por lo que no entienden el cambio repentino de esta postura.
Hasta la fecha, se han tramitado alrededor de 80 amparos de alumnos de diferentes instituciones educativas de San Luis Potosí que buscan la gratuidad de sus estudios pese a la reforma del pasado 15 de mayo de 2019 a la Constitución donde se establece que ninguna universidad debe de cobrar.
De acuerdo con los entrevistados, los seis alumnos amparados para no pagar las mencionadas cuotas podrían ser dados de baja pues no cuentan con el dinero necesario para ello.
Detallan que aunque cada carrera tiene un costo distinto, se habla de alumnos que deberán pagar entre 2 mil 500 y 10 mil pesos por cada año en el que el amparo estuvo vigente.
“Hasta ahora han obligado a que paguen seis alumnos de distintas facultades que no tienen los recursos y que probablemente la universidad los de de baja, entonces esto implica una regresión a los derechos humanos y a los amparos que ya habíamos ganado desde el 2019; … lo cierto es que si es muy abrupto el cambio de criterio que tuvieron porque ya teníamos un argumento bastante sólido en muchas sentencias, más de 50 o 60 y de repente cambian el discurso”, terminó.
Por: José Luis Vázquez
