Senado aprueba reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos

México.- El Senado de México aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, permitiendo que miembros de empresas públicas y órganos autónomos, como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Banco de México (BANXICO), puedan portar armas. La reforma fue respaldada con 105 votos a favor y ahora se envía al Ejecutivo Federal.

La iniciativa se justifica en la necesidad de mejorar la seguridad en áreas críticas y la seguridad pública. Se establece que los integrantes de estas entidades podrán portar armas de fuego bajo la regulación de la Secretaría de la Defensa Nacional, siempre que cumplan con los requisitos estipulados.

La reforma modifica el artículo 24 de la ley, permitiendo a aquellos que justifiquen su necesidad, por sus funciones públicas, portar armas de fuego bajo ciertas condiciones. Además, se amplían los tipos de calibres y municiones que se consideran exclusivas para las Fuerzas Armadas, incluyendo calibres como 5.7 x 28 mm, .357 y 5.56 mm. También se regulará el transporte de armas para competidores olímpicos.

Se implementará un control más riguroso sobre las armas de fuego en manos de particulares, exigiendo que se designe a una persona responsable en caso de fallecimiento del titular o ausencia declarada. Asimismo, se incluirán regulaciones para el uso de accesorios como silenciadores, equipos de visión nocturna y miras térmicas, ya que su uso se considera que mejora la eficacia del armamento.

Previo al cierre del periodo ordinario de sesiones, el Senado también aprobó reformas que buscan fortalecer el control estatal sobre el armamento y adecuar la legislación a los cambios tecnológicos. La senadora Ana Lilia Rivera destacó que se prohíbe el envío de armas mediante servicios de paquetería y la portación de armas fabricadas a través de impresión 3D.

Además, se establecen penas de prisión de hasta 45 años para quienes introduzcan ilegalmente armas, municiones o explosivos de uso exclusivo del Ejército, con sanciones más severas para servidores públicos y miembros de cuerpos policiales.

La legislación permitirá que ejidatarios, comuneros y jornaleros tengan en sus domicilios varias armas para su «legítima defensa», siempre que acrediten su actividad en el sector rural. También se prohíbe la fabricación y posesión de artefactos explosivos improvisados y se establece un control más estricto sobre la posesión de armas en general.

Finalmente, el dictamen incluye la obligación de realizar campañas educativas sobre el manejo seguro de explosivos y sustancias químicas, así como la promoción de una cultura de paz, a cargo de los tres niveles de gobierno. La reforma fue turnada a la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.