Gobierno de EUA financiará nuevo centro de detención migratoria en los Everglades

• Es apodado “Alcatraz Caimán”.

Florida.- La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció que el gobierno federal destinará recursos para construir centros de detención migratoria en el estado de Florida, incluido un polémico sitio propuesto en los Everglades, apodado “Alcatraz Caimán” debido a la presencia de caimanes, lo que supuestamente dificultaría cualquier intento de fuga.

Según Noem, estos centros serán financiados en su mayoría a través del programa de albergues y servicios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), originalmente diseñado por el Congreso para apoyar a las comunidades que reciben migrantes y solicitantes de asilo liberados de la custodia federal tras cruzar la frontera sur.

Durante una entrevista con CBS News, la funcionaria afirmó que el gobierno está buscando alternativas «económicas e innovadoras» ante la demanda creciente de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, una prioridad en la actual administración de Donald Trump, que ha impulsado recortes presupuestales en varias agencias, incluida la propia FEMA.

Funcionarios estatales de Tallahassee confirmaron su disposición a colaborar con el gobierno federal para ampliar la infraestructura de detención. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, propuso la creación del centro “Alcatraz Caimán”, con una capacidad inicial para mil personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Uthmeier ha sido criticado por un video promocional donde se presentan los riesgos de escapar de dicho centro, mencionando que el terreno de 78 kilómetros cuadrados está completamente rodeado por los pantanos de los Everglades. El video sugiere que las condiciones naturales servirán como barrera física adicional para disuadir fugas.

De acuerdo con el fiscal, el nuevo centro podría estar operativo entre 30 y 60 días después de iniciada su construcción, lo que ha generado preocupación entre activistas, organizaciones de derechos humanos y ambientalistas, debido tanto a su ubicación como a la narrativa de criminalización que rodea la propuesta.