Señalan que la reforma sobre desapariciones ignora recomendaciones de la ONU

México.- La reciente reforma en materia de desaparición de personas, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido duramente criticada por familiares de víctimas y expertos, quienes acusan que no incorpora las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU a México.

Santiago Corcuera, ex presidente del CED y profesor de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, señaló que la reforma omite puntos clave planteados por el Comité en sus observaciones finales tras la comparecencia del Estado mexicano en 2018.

Entre ellos, destacó la falta de definición de las condiciones bajo las cuales las desapariciones deben considerarse crímenes de lesa humanidad, como lo establece el artículo 5 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

También criticó la ausencia de reglas claras sobre la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos, contemplada en el artículo 6 de la Convención, así como la tipificación errónea del delito en el artículo 34 de la Ley General, que no se alinea con el artículo 3 del tratado internacional.

Corcuera entregó un documento del CED al gobierno federal y enfatizó que la militarización de la seguridad pública, contemplada en la legislación secundaria, va en contra de las recomendaciones del Comité de la ONU.

Familiares de personas desaparecidas han solicitado a la ONU que supervise el desarrollo legislativo en el Congreso, ya que consideran que la reforma prioriza un sistema de vigilancia masiva en lugar de responder de manera efectiva a la crisis humanitaria que enfrenta el país.

Actualmente, más de 127 mil personas se encuentran desaparecidas y no localizadas en México, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

A pesar de las críticas, la reforma propone:

• Registro inmediato y obligatorio de reportes de desaparición.
• Apertura de carpetas de investigación sin demora.
• Sanciones a autoridades que incumplan con estas disposiciones.
• Creación de una Plataforma Única de Identidad, y colaboración con el INE para compartir bases de datos.
• Protocolos de seguridad para familiares de víctimas.
• Pruebas genéticas y dactiloscópicas obligatorias antes de cualquier inhumación.

No obstante, para los colectivos y expertos, estos avances resultan insuficientes frente a los problemas estructurales de impunidad, omisión institucional y criminalidad organizada que afectan a las miles de familias que siguen buscando a sus seres queridos.