Senado aprueba reforma para que el Estado recupere el control del sistema ferroviario

México.- El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma legislativa que permitirá al Estado mexicano retomar el control del sistema ferroviario nacional, con el propósito de impulsar el transporte de pasajeros, fortalecer la carga y modernizar una red actualmente considerada insuficiente para las necesidades de conectividad y movilidad del país.

Con 107 votos a favor, la iniciativa fue enviada al Ejecutivo federal para su promulgación. La reforma incluye modificaciones a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la Ley General de Bienes Nacionales y otras normativas complementarias, con el objetivo de establecer un modelo integral y sostenible para el desarrollo económico y de movilidad en el país.

La senadora María Martina Kantún Can (Morena) explicó que estos cambios no implican la cancelación de concesiones ni la expropiación de derechos del sector privado, sino que buscan superar la fragmentación del sistema provocada por políticas de privatización anteriores. La reforma permitirá una mayor participación del Estado en los proyectos ferroviarios, promoviendo una movilidad más segura y equitativa.

Por su parte, la senadora Yeidckol Polevnsky (PT) calificó la reforma como una causa de justicia social, al vincular el transporte ferroviario con la salud pública y la soberanía energética. En tanto, Waldo Fernández (PVEM) subrayó su relevancia estratégica para el cumplimiento del T-MEC y el posicionamiento de México como centro logístico de América del Norte.

La senadora del PAN, Guadalupe Murguía, apoyó la reforma, pero pidió establecer reglas claras de concesión y mayor transparencia en los procesos de asignación de proyectos.

Como parte de los cambios, se creará la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), un organismo descentralizado y con autonomía técnica que se encargará de coordinar el desarrollo del transporte ferroviario y multimodal en México.

Además, la reforma otorga al Estado la facultad de asignar directamente proyectos ferroviarios a empresas públicas, con concesiones indefinidas y no transferibles. Los bienes derivados de estos proyectos pasarán a formar parte del patrimonio nacional.

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario también verá ampliadas sus facultades, al poder imponer sanciones a concesionarios y operadores por prácticas anticompetitivas, tarifas no registradas y otras infracciones.