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Republicanos evalúan gravar con un 5% a las remesas

EUA.- El Partido Republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos evalúa incluir en su nuevo paquete fiscal una propuesta para aplicar un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde territorio estadounidense, una medida que ha generado preocupación entre la comunidad mexicana en ese país.

Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, advirtió que, si la propuesta avanza, podría observarse un repunte temporal en el envío de remesas, impulsado por los intentos de los connacionales por adelantarse a la entrada en vigor del gravamen.

Sin embargo, a mediano y largo plazo, el flujo podría disminuir significativamente, con pérdidas estimadas de hasta tres mil 200 millones de dólares anuales.

Durante los primeros cuatro meses de 2025, los mexicanos enviaron 14 mil 269 millones de dólares en remesas, un aumento del 1.3% respecto al mismo periodo de 2024.

Solo en abril se registraron envíos por cinco mil 150 millones de dólares, con un promedio de 383 dólares por transacción.

No es la primera vez que se plantea un impuesto sobre las remesas. En diciembre pasado, el actual vicepresidente J.D. Vance propuso aplicar un gravamen del 10% para financiar operativos fronterizos.

Su iniciativa tomaba como referencia el modelo de Oklahoma, donde se cobra un 1% sobre cada 500 dólares enviados.

No obstante, en el primer trimestre de 2025, dicho estado representó apenas el 0.8% de los envíos totales a México, frente a los cuatro mil 400 millones de dólares enviados desde California, el principal estado emisor.

El debate sobre el impacto potencial del impuesto se intensifica en un contexto de creciente volatilidad en los flujos de remesas desde marzo de 2024.

De acuerdo con expertos del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), la combinación entre mayores deportaciones y políticas migratorias más restrictivas podría poner fin a un ciclo de 11 años de crecimiento ininterrumpido en las remesas hacia México.

Además, un análisis del Cato Institute publicado en 2017 advirtió que un impuesto de este tipo incentivaría a los migrantes a utilizar canales informales para enviar dinero, lo que dificultaría su control fiscal y podría reducir significativamente la transparencia y seguridad de estos recursos.

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