Preocupación por presunta desaparición forzada de migrantes en centro de detención de Florida

Miami.- Activistas y familiares han denunciado la falta de transparencia en torno a los migrantes detenidos en el centro de detención Alcatraz de Caimanes, ubicado al oeste de Miami, Florida. Temen que algunos de ellos sean víctimas de desaparición forzada, ya que las autoridades no han proporcionado información completa sobre su situación.

Javier Calzada, representante de la asociación Migrant Heroes, aseguró que algunos detenidos ni siquiera aparecen en las listas oficiales, lo que genera mayor incertidumbre entre sus familiares. En la misma línea, el senador estatal Carlos Guillermo-Smith, quien visitó recientemente el lugar, afirmó que los registros solo ofrecen una visión parcial de la población detenida.

El centro alberga a alrededor de 750 migrantes y ha recibido críticas por sus condiciones y deficiencias de seguridad. Activistas acusan al estado de no divulgar la lista completa de personas detenidas, lo que alimenta señalamientos de ocultamiento de información.

Familiares de los migrantes han rechazado los señalamientos negativos que algunos políticos han hecho sobre ellos, asegurando que muchos son trabajadores sin antecedentes penales. Una mujer mexicana, cuyo esposo se encuentra recluido, expresó preocupación por su seguridad y criticó el lenguaje utilizado por las autoridades para referirse a los detenidos.

Datos de Migrant Heroes indican que más de 250 de las personas detenidas solo enfrentan infracciones migratorias y carecen de antecedentes criminales en Estados Unidos. De los más de 700 migrantes retenidos, apenas un tercio tiene condenas penales, que van desde delitos graves hasta infracciones menores.

Los detenidos provienen de unos 40 países, con México, Guatemala y Cuba como las nacionalidades más comunes. Organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida han denunciado violaciones a derechos humanos dentro del centro, como negligencia médica y falta de acceso a representación legal. Actualmente, el lugar enfrenta dos demandas judiciales, una de ellas interpuesta por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).