por Peña Nieto y Osorio Chong acusados de sobornos por más de 100 mdd
México.- En mayo de 2018, se estableció un pacto entre el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, en el que se acordó que Peña Nieto no intervendría en las elecciones a cambio de inmunidad para él y sus allegados.
Sin embargo, este acuerdo parece haber llegado a su fin, ya que ahora se enfrenta a un panorama judicial complicado.
Desde 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra 58 funcionarios vinculados a una presunta red de corrupción.
Entre los involucrados se encuentran Samuel Weinberg, su hijo Alexis Weinberg y su socio Natan Wancier Taub, acusados de peculado y delincuencia organizada.
El caso inicialmente apuntaba al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, con la expectativa de que este colaborara e implicara a otros exfuncionarios, incluido el expresidente Felipe Calderón.
No obstante, el juicio contra García Luna en Miami ha tomado un giro inesperado. Los Weinberg y Wancier Taub han solicitado un criterio de oportunidad con la fiscalía estadounidense, ofreciendo información a cambio de beneficios legales.
En ese contexto, la FGR ha intensificado la presión para que los testigos señalen directamente a Peña Nieto y al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
Los testigos han entregado documentación que respalda la asignación de contratos por 465 millones de dólares durante el sexenio de Peña Nieto.
Estos contratos fueron adjudicados a través de instituciones como el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Algunos contratos, detallan, fueron adjudicados en la administración de Felipe Calderón, pero liquidados durante el gobierno de Peña Nieto, lo que permite suponer continuidad en prácticas irregulares.
La FGR investiga si parte de esos recursos fueron utilizados para pagar presuntos sobornos por más de 100 millones de dólares a Peña Nieto y Osorio Chong.
Estas revelaciones ponen en duda la prometida protección que López Obrador ofreció a su antecesor y podrían marcar un cambio de postura en el combate a la corrupción de altos perfiles.
De comprobarse los hechos, el caso implicaría consecuencias penales de gran alcance, no solo para Peña Nieto, sino para toda una red de funcionarios de alto nivel.
