por ONU acusa a Bukele por posible desaparición forzada de 238 migrantes venezolanos
El Salvador.- Los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y países centroamericanos enfrentan crecientes cuestionamientos legales y humanitarios. En El Salvador, una carta firmada por 12 expertos de la ONU solicitó al presidente Nayib Bukele esclarecer la situación jurídica de 238 migrantes venezolanos, detenidos desde el 15 de marzo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), prisión de máxima seguridad que alberga a miembros de pandillas.
La misiva, enviada el 17 de abril pero divulgada recientemente, advierte que la detención podría constituir delitos de tortura y desaparición forzada, violando el derecho internacional de los derechos humanos. Según los firmantes, los venezolanos no han tenido acceso a asistencia legal ni a organismos de derechos humanos, lo que agrava la situación.
Los expertos urgieron al gobierno salvadoreño a liberar a las personas detenidas arbitrariamente y a respetar los tratados internacionales que prohíben la desaparición forzada, crimen del cual El Salvador es parte firmante. Asimismo, denunciaron la falta de atención médica, contacto con familiares y protección consular.
La situación se complica por la ruptura de relaciones diplomáticas entre El Salvador y Venezuela desde 2019, lo que ha impedido que el gobierno venezolano actúe legalmente en defensa de sus ciudadanos. De hecho, el fiscal general de Venezuela ha criticado al gobierno de Bukele por negar asistencia consular a los detenidos.
Mientras tanto, en Costa Rica, la Corte Suprema ordenó la liberación de 28 migrantes (de un total de 200 retenidos) enviados por el gobierno de Donald Trump, tras concluir que se han violado sus derechos al no brindarles información clara ni permitirles salir de los albergues. El tribunal fijó un plazo de 15 días para ejecutar la medida.
Desde el gobierno de Trump, Estados Unidos ha firmado acuerdos con países como El Salvador y Costa Rica para que actúen como “terceros países seguros”, permitiendo la reubicación de personas deportadas mientras se resuelve su situación migratoria. Sin embargo, ONGs y organismos internacionales han denunciado la opacidad y condiciones inadecuadas de estos convenios.
En El Salvador, investigaciones periodísticas sugieren que el gobierno estaría utilizando los acuerdos migratorios para obtener beneficios políticos, como la devolución de líderes pandilleros detenidos en Estados Unidos, lo que podría explicar el hermetismo de las autoridades ante los procesos judiciales en curso.
