por ONGs exigen investigar a EPN por espionaje con Pegasus
México.- Las organizaciones ARTICLE 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC condenaron enérgicamente las recientes revelaciones sobre presunta corrupción, lavado de dinero y delitos fiscales relacionados con la compra del software espía Pegasus durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con documentos judiciales y reportes internacionales, los empresarios israelíes Avishai Neria y Uri Ansbacher actuaron como intermediarios para obtener contratos gubernamentales por 25 millones de dólares, facilitando el uso del spyware para espiar ilegalmente a periodistas, activistas y figuras públicas.
Un reportaje del diario israelí The Marker indica que las contrataciones se llevaron a cabo en un entorno de corrupción sistémica, con la complicidad de altos funcionarios.
En un juicio en curso, un testigo protegido declaró que Ansbacher operaba bajo órdenes directas de Peña Nieto, desde oficinas privadas donde se ejecutaban intervenciones ilegales de comunicaciones.
Entre los objetivos del espionaje figuran la periodista Carmen Aristegui y el excomisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón.
Peña Nieto ha negado categóricamente las acusaciones, calificándolas de «infundadas» y sin sustento.
Las organizaciones también señalaron que, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, se ha documentado que el Ejército mexicano continuó utilizando Pegasus, esta vez a través de la empresa Comercializadora Antsua, vinculada a la red KBH.
El software fue adquirido en 2019 y utilizado para espiar a defensores de derechos humanos y periodistas.
ARTICLE 19, R3D y SocialTIC exigen una investigación exhaustiva y transparente sobre la red de empresas intermediarias implicadas en la adquisición de Pegasus, así como la sanción a los responsables del uso indebido de recursos públicos y la violación a los derechos fundamentales.
Asimismo, advierten sobre el riesgo creciente de vigilancia masiva en México, en un contexto en el que se han aprobado leyes que amplían las capacidades de espionaje del Estado sin los controles adecuados para garantizar la protección de la ciudadanía.
