Líderes sindicales denuncian violencia creciente en redadas migratorias en California

California.- Las redadas migratorias en zonas agrícolas del sur de California han registrado un aumento significativo en la violencia, según denuncias de líderes sindicales, luego de un operativo reciente que dejó personas gravemente heridas y cientos de detenidos.

Teresa Romero, presidenta de la Unión de Campesinos (UFW), calificó como «extremadamente violento» el operativo en Glass House Farms, una plantación de cannabis cerca de Los Ángeles. La redada, una de las más grandes bajo la actual administración de Donald Trump, incluyó el despliegue de helicópteros y el uso de armamento de alto calibre por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Durante el operativo, se produjo un enfrentamiento con manifestantes que intentaban bloquear el avance de los agentes. Según testigos, las camionetas del ICE abandonaron el lugar cargadas de detenidos mientras eran apedreadas, y los agentes respondieron con gas pimienta, afectando a familiares de los jornaleros detenidos.

El expresidente Trump, quien busca la reelección, afirmó haber otorgado “autorización total” a los agentes federales para protegerse, instándolos a utilizar «cualquier medio necesario» contra quienes obstruyan las detenciones. Sin embargo, Romero advirtió que esta retórica fomenta un clima de confrontación y miedo, y llamó a mantener las protestas pacíficas para evitar una escalada de violencia.

Desde el 6 de junio, se ha reportado un aumento de redadas en California, lo que ha generado protestas en comunidades agrícolas y organizaciones de derechos civiles. La comunidad latina denuncia que las detenciones tienen un perfil racial, mientras que la UFW acusa a los agentes de actuar sin presentar órdenes de arresto ni identificarse plenamente.

Ante las denuncias, un tribunal federal ordenó la suspensión temporal de redadas indiscriminadas en siete condados del estado y exigió garantizar el acceso a representación legal para los detenidos. Esta medida llega en un contexto donde aproximadamente el 40% de los trabajadores agrícolas carecen de ciudadanía o permisos de trabajo.

Romero también advirtió sobre las consecuencias a largo plazo: las redadas podrían aumentar la vulnerabilidad laboral y la explotación, al sembrar miedo entre quienes sostienen la industria agrícola. “Los trabajadores del campo son profesionales que contribuyen a la economía; pagan impuestos y merecen respeto”, afirmó.

La UFW reiteró su apoyo a la iniciativa de la “tarjeta azul”, una propuesta legislativa que busca otorgar un camino hacia la legalización para trabajadores agrícolas indocumentados que han demostrado años de contribución al sector.