por Ley impulsada por Trump amenaza con recortes masivos a programas sociales que benefician a millones de niños
EUA.- La reciente aprobación en la Cámara de Representantes de una ley propuesta por el expresidente Donald Trump ha encendido las alarmas por su posible impacto en millones de niños, especialmente en aquellos pertenecientes a familias migrantes.
La legislación, que ahora se debate en el Senado, contempla recortes drásticos a programas clave como Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), pilares fundamentales para la salud y alimentación infantil en Estados Unidos.
Con una votación cerrada de 215 a 214, la ley propone los mayores recortes a Medicaid en la historia del país, así como la reducción más significativa en SNAP en casi tres décadas.
La congresista Kathy Castor advirtió que esta medida pondría en riesgo el acceso a atención médica y alimentos saludables para millones de niños, al tiempo que favorecería a los sectores más ricos mediante recortes fiscales.
Según un informe conjunto de UnidosUS, AFL-CIO y First Focus on Children, alrededor de 34 millones de menores dependen de Medicaid y SNAP, y 14 millones de ellos reciben apoyo de ambos programas.
Los expertos advierten que los recortes profundizarían problemas estructurales como la pobreza infantil, la inseguridad alimentaria y el acceso desigual a servicios de salud.
Además del impacto general, la medida afectaría de manera desproporcionada a niños de comunidades racializadas. Se estima que el 58% de los niños latinos, el 67% de los nativos americanos y el 65% de los niños afroamericanos se benefician de estos programas, lo que los convierte en los más vulnerables ante los recortes.
El impacto también alcanzaría a los hijos de padres migrantes, en particular aquellos con estatus legal temporal o sin número de seguro social. Se calcula que entre dos y cuatro millones de menores perderían beneficios fiscales por hijo, a pesar de ser ciudadanos estadounidenses.
Si bien los republicanos argumentan que esta legislación busca evitar el uso indebido de recursos por parte de migrantes indocumentados, los datos muestran que la mayoría de los beneficiarios son ciudadanos estadounidenses. De hecho, los migrantes en situación irregular no tienen acceso a la mayoría de los beneficios federales.
La situación se agrava por el temor generalizado entre familias migrantes a solicitar ayuda, ante posibles represalias o riesgos migratorios, lo que ya limita su acceso a recursos esenciales.
En este contexto, la aprobación de esta ley plantea serias preocupaciones sobre el futuro de los niños más vulnerables en un país marcado por el aumento de la desigualdad y la inseguridad social.
