por INE sanciona con más de 10 mdp a candidatos judiciales por uso de «acordeones»
México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso sanciones económicas por un total de 10.3 millones de pesos a diversos candidatos ganadores en la elección judicial más reciente, por la aparición de sus nombres en los llamados “acordeones”, documentos utilizados presuntamente para guiar el voto durante el proceso.
Las multas alcanzan a los nueve ministros electos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como a magistrados de otros tribunales.
Entre los sancionados, las multas más altas corresponden a las ministras Loretta Ortiz, con 255,017 pesos, y Yasmín Esquivel, con 190,980 pesos, debido a que sus nombres figuraban tanto en versiones físicas como digitales de estos documentos.
En contraste, las sanciones más bajas fueron dirigidas al presidente electo de la Corte, Hugo Aguilar, y al ministro Irving Espinosa Betanzo.
El INE continuará con la investigación para determinar quiénes distribuyeron los acordeones, incluyendo la posible participación de partidos políticos y dependencias gubernamentales.
Durante la sesión, algunos consejeros manifestaron su desacuerdo con las sanciones, argumentando que no se ha probado con certeza el origen ni el impacto de los materiales.
La consejera presidenta Guadalupe Taddei reconoció que, aunque se comprobó la existencia de los acordeones, no se logró establecer con precisión su volumen ni alcance.
En tanto, la consejera Carla Humphrey propuso sancionar a todos los candidatos involucrados, sin importar si fueron electos, por considerar que se vulneró el principio de equidad en la contienda.
Además, el INE aplicó sanciones por un monto de 28.9 millones de pesos a candidatos a alcaldías en los estados de Durango y Veracruz, tras detectar diversas irregularidades en la entrega de informes de ingresos y gastos de campaña.
Entre las faltas más frecuentes se encuentran la omisión de reportar gastos y la presentación tardía de documentación.
La Unidad Técnica de Fiscalización revisó más de 1,300 informes como parte de un proceso para garantizar la legalidad en el uso de recursos públicos durante las elecciones locales.
En total, se aprobaron 167 procedimientos administrativos relacionados con anomalías en la fiscalización de partidos y candidaturas.
