Grupos de buscadores exigen parlamento abierto ante rechazo a iniciativa de reforma

México.- Un grupo de familiares de personas desaparecidas que decidió no participar en las mesas de diálogo convocadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) ha solicitado al Congreso de la Unión la realización de un parlamento abierto para discutir la reforma legal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre desapariciones en México.

Los colectivos inconformes, entre ellos Ana Enamorado y Ana Lucía Lagunes, reconocidas madres buscadoras, rechazaron las modificaciones presentadas al considerar que “no abordan la crisis de desapariciones” que vive el país. En un pronunciamiento conjunto, alertaron que la iniciativa gubernamental podría derivar en un sistema de vigilancia masiva, sin beneficios reales para la localización de personas.

“Esta reforma no se originó a partir de una consulta amplia y pública”, señalaron, al pedir a los legisladores suspender cualquier intento de aprobación sin antes abrir un proceso verdaderamente inclusivo.

En ese sentido, solicitaron que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) supervise el proceso legislativo para garantizar la protección de derechos y el respeto al principio de participación efectiva de las víctimas.

Por su parte, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), el Contingente contra las Desapariciones LGBTTTIQ+, y la Unión y Red Nacional de Búsqueda, que sí participaron en las mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación, se sumaron a la exigencia de ampliar el debate.

Aunque reconocieron que su participación se dio en un marco de diálogo institucional, aclararon que ello no implica una adhesión total a la propuesta del Ejecutivo, y subrayaron que “no representan a todas las familias buscadoras del país”.

“El Estado tiene la obligación de garantizar un proceso de escucha amplio, plural y continuo”, sostuvieron.

La Segob informó previamente que los foros contaron con la participación de 450 colectivos y mil 042 personas, y que se enviaron al Senado 30 propuestas consensuadas. No obstante, el rechazo de al menos 178 familiares subraya la fractura entre distintos grupos de búsqueda y la urgencia de un proceso legislativo más transparente y participativo.