por Gobierno Federal busca reforzar la seguridad en Michoacán ante la crisis agrícola y criminal
Michoacán.- Comunidades agrícolas en el estado de Michoacán enfrentan una situación crítica marcada por la extorsión sistemática de grupos delictivos, lo que ha llevado a algunos productores a abandonar o reducir sus cultivos.
Testimonios recogidos en la región, particularmente en zonas limoneras, describen un control económico por parte de los cárteles que fija precios y retiene una parte de las ganancias, volviendo la actividad insostenible.
Este panorama se ha agravado tras los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero Bernardo Bravo, figuras que habían denunciado públicamente la influencia del crimen organizado.
El homicidio de Manzo, ocurrido en un espacio público a pesar de contar con un amplio dispositivo de seguridad, generó protestas y puso bajo escrutinio la estrategia de seguridad en el estado.
Ante la presión, el gobierno federal anunció el despliegue de 2,000 elementos adicionales de las fuerzas armadas en Michoacán, sumándose a los ya desplegados, como parte de un operativo que enfatiza la coordinación y la inteligencia.
Sin embargo, residentes y analistas expresan escepticismo sobre la efectividad a largo plazo de estas medidas, señalando el fracaso de estrategias pasadas y la persistente fragmentación y especialización de los grupos criminales en la entidad.
La violencia en Michoacán, donde operan varios de los cárteles designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos, también ha atraído la atención internacional.
La administración del presidente Donald Trump ha ofrecido ayuda militar a México y ha realizado operaciones antinarcóticos en la región del Caribe, aumentando la presión sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para contener la crisis.
