por FGR acusa a Rocha Cantú de evadir la justicia
México.- El empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, enfrentó una nueva orden de aprehensión, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que incumplió su compromiso de colaborar como testigo y engañó a las autoridades en repetidas ocasiones dentro de una investigación por delincuencia organizada.
De acuerdo con el expediente, la primera orden de captura, librada el 15 de noviembre, fue cancelada después de que Rocha Cantú ofreció aportar información relevante sobre la organización criminal con la que se le relaciona.
No obstante, el empresario no se presentó a declarar en dos ocasiones, argumentando riesgos para su seguridad y solicitando comparecer por videoconferencia, petición que fue rechazada por la Fiscalía.
Las autoridades intentaron ubicarlo en distintos domicilios ubicados en Querétaro, el Estado de México y la Ciudad de México, pero constataron que no residía en ninguno de ellos, lo que reforzó la percepción de que buscaba evadir la acción de la justicia. La FGR advirtió que su capacidad económica, movilidad y ausencia de un domicilio fijo representan un riesgo elevado de fuga.
La investigación lo vincula con una organización criminal dedicada al robo de hidrocarburos y al tráfico de armas, en la que también participan otros integrantes, entre ellos Jacobo Reyes León, alias “Yaicob”, quien ya fue vinculado a proceso por delitos de delincuencia organizada.
Según los documentos judiciales, Rocha Cantú habría participado desde al menos diciembre de 2024 en la inyección de capital y en la comercialización de combustible obtenido de manera ilícita, además de intervenir en la adquisición y traslado de armamento, con un inventario considerado significativo por las autoridades.
La carpeta de investigación señala que el empresario colaboró con otros miembros del grupo criminal para facilitar la distribución de hidrocarburos y armas, utilizando empresas como PTYH y MADA Energy para facturar el combustible y evadir los controles de las autoridades, lo que finalmente llevó a la revocación de los beneficios otorgados y a la emisión de una nueva orden de aprehensión.
