Exalcaldesa de Real de Catorce habría sido denunciada de presunta corrupción y aparente desvío de recursos
Real de Catorce.- El actual presidente municipal de Catorce, Juan Francisco Javier Sandoval Torres, junto con el síndico del ayuntamiento, José Adán Zamora Mata, presentaron una denuncia penal en contra de la exalcaldesa María Guadalupe Carrillo Rodríguez. La querella, interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción de San Luis Potosí, acusa a la exfuncionaria de presuntos delitos de despojo, falsificación de documentos, cohecho y ejercicio ilícito de funciones públicas, señalando diversas irregularidades durante su administración.
Uno de los principales señalamientos en la denuncia es la existencia de obras públicas pagadas y no ejecutadas. Entre ellas, se destacan dos proyectos de construcción de techos y pisos firmes en las comunidades de Cardoncita y San José de Coronados, por un monto total de más de cuatro millones de pesos. De acuerdo con la inspección realizada por el actual ayuntamiento, la mayoría de los beneficiarios no recibieron las mejoras prometidas, o en algunos casos, solo se ejecutaron parcialmente.
Además, la denuncia se basa en un informe del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, que detectó 66 operaciones irregulares dentro de la cuenta pública del 2023. Según la auditoría, solo una de las 76 operaciones revisadas fue debidamente solventada, lo que indica un posible manejo irregular de los recursos municipales. A esto se suma la presunta apropiación indebida de terrenos de uso público por parte de la exalcaldesa y su círculo cercano, quienes habrían ocupado bienes municipales sin autorización.
Para sustentar las acusaciones, el Ayuntamiento de Catorce ha presentado pruebas documentales, informes de auditoría y registros fotográficos, además de solicitar a la Fiscalía la realización de una investigación patrimonial a la exalcaldesa. También se ha requerido un levantamiento topográfico de los bienes presuntamente despojados, una inspección ministerial de las obras denunciadas y un análisis de la procedencia de los fondos utilizados en la administración pasada. Ahora, corresponde a las autoridades estatales determinar si existen elementos suficientes para proceder penalmente en contra de los exfuncionarios involucrados.
Por: Jesús Valencia
