por EUA retira la pena de muerte a Caro Quintero, Zambada y Carrillo Fuentes
EUA.- Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fue sentenciado en octubre a 38 años de prisión por delincuencia organizada. Ahora, la atención se centra en 29 líderes del narcotráfico entregados por el Gobierno mexicano a Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, entre ellos figuras como Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes y Antonio Oseguera Cervantes. Estos capos podrían aportar información clave sobre la delincuencia organizada transnacional y su influencia en México.
El Departamento de Justicia estadounidense decidió no solicitar la pena de muerte para Caro Quintero, Carrillo Fuentes y Zambada, reduciendo la presión sobre ellos y dejando como únicas opciones un acuerdo de culpabilidad o un juicio, que no se prevé antes de 2026 o 2027.
La medida se da en un contexto en el que la Casa Blanca ha instruido al Pentágono a adoptar acciones más agresivas contra los cárteles, tras catalogar a varias organizaciones mexicanas como grupos terroristas. La fiscal Pam Bondi reiteró que el objetivo sigue siendo el desmantelamiento de estas estructuras criminales.
Los defensores legales de los acusados celebraron la decisión: Frank Perez, abogado de Zambada, la calificó como “un paso hacia una resolución justa”, mientras que Kenneth Montgomery, representante de Carrillo Fuentes, expresó el agradecimiento de su cliente.
Este cambio contrasta con las promesas de Donald Trump de impulsar la pena de muerte para narcotraficantes, una postura que se ha suavizado desde su llegada al poder.
En paralelo, Joaquín «El Chapo» Guzmán enfrenta dificultades en prisión. En una carta enviada al juez que lo sentenció, denunció la falta de acceso a su abogado y a correspondencia personal, solicitando la intervención del sistema judicial.
Mientras tanto, Estados Unidos sigue negociando acuerdos con los hijos de Guzmán. Ovidio Guzmán, alias «El Ratón», ya se declaró culpable de narcotráfico, mientras que Joaquín Guzmán López busca un trato que le permita reducir su condena ante la desaparición de la amenaza de pena capital.
