por Ecuador deporta a 603 colombianos sin sentencia y desata reclamos de Colombia
Quito.- El gobierno ecuatoriano inició el 25 de julio la deportación masiva de 603 reclusos colombianos a través del puente internacional de Rumichaca, en una operación realizada sin coordinación previa con las autoridades de Colombia.
La medida, basada en la recién aprobada Ley de Integridad Pública, permite expulsar a extranjeros en prisión preventiva sin necesidad de sentencia firme.
La Cancillería colombiana calificó el procedimiento como «unilateral» y expresó su malestar por la falta de protocolos establecidos. Gustavo Petro, presidente de Colombia, comparó la situación con las políticas migratorias de Donald Trump, aunque sin llegar a una crisis diplomática como la ocurrida durante su mandato con Estados Unidos.
En la frontera, las autoridades de Nariño implementaron un operativo de emergencia para recibir a los deportados, muchos de los cuales fueron liberados al no tener antecedentes penales en Colombia.
El gobernador Luis Escobar cuestionó la efectividad de la medida, señalando que solo seis de los 603 trasladados estaban requeridos por la justicia colombiana.
Expertos sugieren que la decisión responde a la estrategia del presidente Daniel Noboa de mostrar resultados en seguridad, en un contexto donde Ecuador registra cifras históricas de violencia: más de cinco mil homicidios en el primer semestre de 2025.
Sin embargo, analistas advierten que la política podría tener efectos contrarios, al incentivar el uso de sicarios extranjeros que, de ser capturados, serían deportados sin enfrentar consecuencias penales completas.
El gobierno ecuatoriano defendió su accionar, argumentando que notificó previamente a Colombia y que actúa dentro de su marco legal.
Mientras tanto, la medida ha intensificado las tensiones entre ambos países, en un escenario donde la retórica oficial ecuatoriana ha enfatizado la expulsión de extranjeros como parte de su política de seguridad.
