por Diputados aprueban Ley de Inteligencia
- SSPC y GN tendrán acceso a datos personales, bancarios y biométricos.
México.- La Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas que crean la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, con las cuales se fortalece el acceso del Gobierno federal a bases de datos personales, registros biométricos, información vehicular, telefónica, bancaria y patrimonial, siempre que medie control judicial previo.
Las reformas fueron avaladas por mayoría y enviadas al Senado de la República para su revisión.
Durante la sesión, legisladores de oposición desplegaron pancartas en el pleno que aludían a una supuesta “Ley Espía”, en protesta por los alcances de la nueva legislación.
Las nuevas leyes otorgan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional la facultad de obtener información de bases de datos tanto públicas como privadas para tareas de inteligencia.
Entre las novedades está la creación de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, así como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que gestionará tecnología especializada para combatir delitos de alto impacto.
También se establece la Plataforma Central de Inteligencia, que deberá entrar en operación en un plazo de 180 días hábiles tras la promulgación de la ley. Esta plataforma permitirá a la SSPC coordinar acciones con otras instituciones y particulares para la obtención de información.
El CNI podrá acceder a la información procesada por la Secretaría de Gobernación, incluyendo la Plataforma Única de Identidad, una herramienta que se construirá como parte de otras reformas vinculadas con el padrón poblacional y la búsqueda de personas desaparecidas.
Aunque se eliminó la propuesta de crear un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, se mantuvo la facultad de acceder a información de telecomunicaciones, con autorización judicial.
La reforma contempla la creación de una Academia Nacional de Seguridad Pública, especializada en inteligencia y operaciones policiales, además de otorgar nuevas facultades a las entidades federativas, como la coordinación de “mesas de paz” y la obligación de informar a la población sobre políticas de seguridad.
El Consejo Nacional de Seguridad Pública recibirá más poder, incluyendo la posibilidad de cancelar recursos a gobiernos estatales que incumplan con los acuerdos nacionales.
En el sistema penitenciario, se obliga a las autoridades a adquirir equipos para bloquear señales de telefonía celular en centros de reinserción social.
