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Congreso salvadoreño elimina segunda vuelta y extiende mandato presidencial

San Salvador.- El partido oficialista Nuevas Ideas, al que pertenece el presidente Nayib Bukele, aprobó una serie de reformas constitucionales que permiten la reelección presidencial indefinida y amplían la duración del mandato presidencial de cinco a seis años. Los cambios, propuestos por la diputada Ana Figueroa, también suprimen la segunda vuelta electoral, permitiendo que el candidato con más votos en la primera ronda sea declarado ganador.

La reforma fue avalada por 57 votos a favor y tres en contra en la Asamblea Legislativa, lo que permitió modificar cinco artículos de la Constitución. Bukele, quien ya obtuvo un segundo mandato en 2024 tras un controvertido fallo de la Corte Suprema en 2021, ahora podrá postularse sin restricciones en futuras elecciones.

Desde su llegada al poder en 2019, Bukele ha gozado de alta popularidad, impulsada por su férrea política de seguridad contra las pandillas, que ha reducido significativamente los índices de violencia. También ha mantenido una relación cercana con el gobierno de Estados Unidos, particularmente en temas de deportaciones y control migratorio.

Sin embargo, su gestión ha sido objeto de severas críticas por debilitar los contrapesos democráticos, especialmente luego de la destitución de magistrados constitucionales en 2021. Además, el estado de excepción vigente desde 2022 ha permitido detenciones masivas de presuntos pandilleros, generando preocupaciones por posibles violaciones a derechos humanos.

La diputada Figueroa justificó las reformas afirmando que otros cargos de elección popular ya permiten reelección sin límite, y planteó adelantar el final del mandato de Bukele de 2029 a 2027, con el objetivo de unificar las elecciones presidenciales y legislativas.

Por su parte, la oposición, representada por Marcela Villatoro del partido Arena, advirtió que las reformas podrían derivar en una concentración excesiva del poder y una menor participación democrática. Organizaciones internacionales han expresado inquietud, y algunas ONG han decidido trasladar sus operaciones fuera del país ante el endurecimiento del entorno represivo.

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