por CIDH declara responsable al Estado mexicano por muerte de Ernestina Ascencio
México.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó este 16 de diciembre una sentencia en la que declara al Estado mexicano responsable internacionalmente por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de 73 años, así como por la negación de acceso a la justicia a sus familiares.
El tribunal determinó que los hechos ocurrieron en febrero de 2007 en la comunidad de Tetlalzinga, Veracruz, y que fueron perpetrados por integrantes del Ejército mexicano, en un contexto de militarización asociado a la estrategia de seguridad implementada ese año. La agresión fue calificada expresamente como un acto de tortura.
La Corte también concluyó que el Estado incumplió su deber de brindar atención médica adecuada y oportuna. Ascencio Rosario falleció en un hospital sin recibir intervención quirúrgica, tras un traslado de aproximadamente diez horas. El fallo subrayó la ausencia de intérpretes de náhuatl, lo que impidió una comunicación efectiva con el personal médico y constituyó una violación al derecho a la salud, en un contexto de barreras lingüísticas y culturales.
En cuanto a la actuación ministerial, el tribunal estableció que la investigación no se condujo con la debida diligencia reforzada exigida en casos de violencia sexual contra mujeres indígenas adultas mayores. Señaló que la indagatoria fue cerrada de manera prematura, careció de perspectiva de género, étnica y etaria, y se sustentó en estereotipos que desacreditaron los testimonios de la víctima y de sus familiares.
Asimismo, la Corte acreditó que los hijos de Ernestina Ascencio enfrentaron obstáculos estructurales para acceder a la justicia debido a su condición de personas indígenas monolingües, además de presiones e intimidaciones, lo que vulneró sus derechos a la integridad personal y a la verdad.
Con base en estos elementos, el tribunal declaró la violación de múltiples derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales.
Como medidas de reparación, la Corte ordenó al Estado mexicano reabrir la investigación penal, brindar atención médica y psicológica a los familiares, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, capacitar a funcionarios públicos, fortalecer un centro de atención especializada, y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.
