Carta póstuma de Isabel Miranda Denuncia corrupción y critica liberación de condenados por caso Wallace

México.- En una carta póstuma revelada por el periodista Ciro Gómez Leyva, la activista Isabel Miranda de Wallace denunció presuntos actos de corrupción en torno a la posible liberación de los sentenciados por el secuestro y asesinato de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda, ocurrido en 2005. El mensaje fue dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y fue divulgado días después de que el máximo tribunal ordenara la liberación de una de las acusadas.

El 11 de junio de 2025, la SCJN determinó la liberación de Juana Hilda González Lomelí, quien pasó 20 años en prisión sin una sentencia definitiva. La Corte concluyó que su confesión fue obtenida bajo tortura, lo que invalidó las pruebas en su contra. Miranda calificó esta decisión como un “fallo injusto” que, según ella, atenta contra el sistema judicial mexicano y deslegitima los esfuerzos de las víctimas por obtener justicia.

A lo largo de su vida, Isabel Miranda fue una figura pública reconocida por su lucha contra el secuestro, fundadora de la organización Alto al Secuestro y galardonada por su trabajo en derechos humanos. En su carta final, expresó gratitud a su hermano Roberto Miranda Torres por su apoyo constante, y sostuvo que “el régimen no logrará silenciarla”, reiterando su rechazo a decisiones judiciales que, en su opinión, premian la impunidad.

La liberación de González Lomelí no es un caso aislado. Brenda Quevedo Cruz, otra acusada en el caso Wallace, ha pasado casi 18 años en prisión sin recibir sentencia. Desde 2024 cumple prisión domiciliaria y ha denunciado tortura, persecución mediática y una detención basada en su relación personal con otro implicado. Su caso ha sido documentado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un ejemplo de violaciones al debido proceso en México.

En medio del debate judicial, Sara Irene Herrerías, actual titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y próxima ministra de la SCJN, ha sido señalada por presunto abuso de poder. De acuerdo con Salvador Leyva, exfuncionario de la CNDH, Herrerías habría intentado condicionar la actuación del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) para evitar más denuncias de tortura relacionadas con el caso Wallace. Las acusaciones incluyen obstaculización de investigaciones y represalias contra defensores de derechos humanos.