A un año de la despenalización, aborto legal sigue con obstáculos en SLP

SLP.- Entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, al menos 674 mujeres y personas con capacidad de gestar accedieron a la interrupción del embarazo en San Luis Potosí, a un año de la despenalización del aborto en la entidad.

De acuerdo con el informe presentado por colectivas feministas ILE, aunque la legislación reconoce el derecho a decidir, en la práctica se siguen presentando obstáculos para el acceso efectivo.

«Creo que tiene que ver un tanto la voluntad, la ignorancia, justo de lo que hablábamos: de que la información no está aterrizada, muchos colegas me contactan para preguntarme si es legal cuando en realidad ya tenemos todo un proceso de un año», dijo Fabiola Luna.

Continuó: «Se ha intentado difundir de maneras autónomas finalmente porque muchas instancias de gobierno que son quienes deberían estar difundiendo esta información no lo están haciendo».

El documento señala que casi el 70 por ciento de los procedimientos se realizaron mediante redes de acompañamiento feministas autogestionadas, principalmente en la zona metropolitana, pero también en municipios del interior.

De forma oficial, los servicios de salud estatales reportaron atención a 136 usuarias sin especificar en qué unidades médicas se brindó el servicio, mientras que el IMSS informó 71 atenciones en solo dos hospitales generales de zona del estado.

Las colectivas registraron además que al menos 21 acompañantas y cuatro colectivos participaron en el acompañamiento de 467 mujeres durante las primeras 12 semanas de gestación.

Sobre los métodos empleados, los servicios estatales reportaron uso principalmente farmacológico, mientras que el IMSS únicamente informó del método quirúrgico en 32 casos.

«Siempre va a existir una cifra negra, estos números que tenemos obviamente solamente son un porcentaje de la realidad, pero las mujeres y las personas con capacidad de gestar en la actualidad confían más para poder acceder al aborto acompañadas por una red colectiva de acompañantes que por los servicios de salud públicos», señaló.

Prosiguió: «Sabíamos que a partir de la despenalización O la legalización iba a ocurrir este fenómeno, La idea es que la carga se quite a las colectivas y en realidad pase a quienes son responsables de que estos servicios se brinden y que son los servicios de salud»

También se observa una falta de fortalecimiento institucional. Los servicios estatales solo realizaron dos cursos de capacitación para personal médico en materia de aborto y el IMSS no reportó ninguno.

«Creo que no ha habido campañas de comunicación efectivas, una para informar que el acceso a este derecho ya está despenalizado: todavía hay compañeras que se acercan a la red y piensan que van a ir a la cárcel por ejercer este derecho», expuso la activista, Olga Lucio.

Añadió: «Creo que no hay todavía protocolos establecidos en los servicios que brindan el servicio y, entonces, la información que podemos compartir en cómo acercarse a este servicio muchas veces va siendo empírica porque en realidad todavía no hay un canal de cómo se realiza».

En cuanto a la objeción de conciencia, el informe refiere que de seis unidades públicas para población no derechohabiente, únicamente en el Hospital del Niño y la Mujer no se registró personal objetor, mientras que en las dos clínicas del IMSS que prestan el servicio la mayoría de ginecólogos son objetores.

Otro punto documentado fue la ausencia de rutas y protocolos de atención; ni los servicios estatales ni el IMSS reportaron contar con lineamientos internos para garantizar la interrupción legal dentro de sus unidades.

Respecto al presupuesto federal destinado para la atención de la ILE en servicios estatales, se indica que pasó de 446 mil 767 pesos en 2024 a 2 millones 250 mil 272 pesos en 2025, sin embargo, a la fecha no se ha ejercido más del 50 por ciento.

En contraste, el recurso federal para compra de misoprostol y mifepristona, medicamentos para inducir el aborto, disminuyó de 223 mil 800 pesos en 2024 a 83 mil 984 pesos en 2025.

El informe concluye que la despenalización representa un avance histórico en el reconocimiento del derecho a decidir en San Luis Potosí, pero advierte que el modelo actual se mantiene parcial debido a ambigüedades normativas que continúan generando efectos directos en el ejercicio pleno y efectivo de este derecho.

Por: José Luis Vázquez