22 estados de EUA demandan al gobierno de Trump por recortes en investigación médica y salud pública

EUA.- Veintidós entidades de Estados Unidos demandaron hoy al gobierno del presidente Donald Trump en respuesta a los recortes en la financiación de la investigación médica y la salud pública en universidades de todo el país. La demanda fue presentada por sus fiscales generales ante un tribunal federal en Boston, argumentando que la decisión del gobierno pone en riesgo el avance científico y el acceso a tratamientos médicos innovadores.

Los estados cuestionan la política impulsada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos y los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), la cual reduce drásticamente los fondos destinados a costos indirectos en universidades. Estos costos incluyen gastos de laboratorio, personal docente, infraestructura y servicios esenciales, lo que, según los demandantes, amenaza la continuidad de investigaciones clave para el tratamiento y la cura de enfermedades.

La fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell, advirtió: «No permitiremos que el gobierno de Trump socave ilegalmente nuestra economía ni juegue a la política con la salud pública». Por su parte, Peter Neronha, fiscal general de Rhode Island, señaló que esta medida afectará a instituciones clave como la Universidad de Brown y la Universidad de Rhode Island, poniendo en riesgo su estabilidad y competitividad.

La semana pasada, los NIH anunciaron cambios en su política de financiación, reduciendo al 15% los pagos destinados a costos generales en instituciones que reciben subvenciones, cuando actualmente algunas universidades destinan más del 50% de sus fondos a estos gastos.

Según la demanda, universidades como la Universidad de Michigan podrían perder hasta 181 millones de dólares, afectando 425 estudios en curso, incluidos 161 proyectos cruciales para salvar vidas. Se advierte que la medida también podría provocar la pérdida de cientos de millones de dólares en el sector, comprometiendo miles de empleos y poniendo en peligro numerosas iniciativas en salud y tecnología.

Los estados demandantes buscan que el tribunal declare ilegal esta reducción de tarifas de financiación, argumentando que el recorte viola la autonomía de las universidades y pone en riesgo la salud pública.