SLP.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Alejandro Pérez Rodríguez lamentó que los diputados locales soliciten juicio político contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) Jaime Ernesto Pineda Arteaga.
Pronunció que la situación de inseguridad en la entidad es compleja y obedece a diversos factores, aunado a que requiere el involucramiento de autoridades y ciudadanía para lograr la disminución en cifras negativas.
Consideró que en parte, el origen de que los indicadores vayan en aumento es el Sistema de Justicia Penal.
Pérez Rodríguez externó que los diputados tendrían que hacerse cargo de todas las iniciativas de ley que se encuentran pendientes, en lugar de efectuar tales señalamientos.
Manifestó que no tienen calidad moral de solicitar un juicio político contra Pineda Arteaga.
El dirigente del sector organizado en San Luis Potosí, explicó que en las reuniones del empresariado con autoridades de seguridad, se hace de conocimiento el número de detenciones y los operativos que se ponen en marcha.
No obstante, argumentó que los presuntos responsables son liberados de inmediato debido al Sistema de Justicia Penal.
Ante la circunstancia, comentó que se ha tenido acercamiento con el Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera a fin de solicitar mayor capacitación a los Agentes del Ministerio Público para que integren las carpetas de investigación, no se detecten errores y pueda procederse contra los responsables de la comisión de un delito.
El dirigente de la CANACO destacó que la iniciativa privada ha emprendido acciones para mejorar los sueldos de la plantilla laboral y ofrecer más plazas; pero lamentablemente hay quienes prefieren delinquir que ocupar una vacante en un comercio o empresa.
Reiteró que para algunos resulta más fácil y se trata de un problema socioeconómico que debe atenderse.
Alejandro Pérez Rodríguez exhortó a las autoridades a implementar tareas efectivas, fortalecer la prevención a través de una verdadera coordinación policíaca en los tres órdenes gubernamentales, evitar que se concedan plazas de sindicalizados a los agentes estatales que tienen funciones administrativas y no operativas.
Por último, puntualizó que los diputados no tendrían por qué utilizar el problema como bandera política y especialmente, para fines personales.
Por: Paulina Rodríguez
