A pesar de permisos ambientales, aeropuerto Santa Lucía no deja de tener problemas
México.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó este jueves la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, uno de los proyectos insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se encontraba detenida por los amparos interpuestos debido a la falta de una evaluación de este tipo.
A través de la Gaceta Ecológica, la Semarnat emitió el Resolutivo de Impacto Ambiental (RIA) para autorizar la construcción de un “aeropuerto mixto civil/militar con capacidad internacional en la Base aérea militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la reubicación de instalaciones militares”.
La construcción de este aeropuerto sustituirá a la del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), cuya construcción fue detenida tras la llegada al poder de López Obrador, quien previamente había organizado una cuestionada consulta popular entre los ciudadanos para determinar su futuro.
Las medidas de Semarnat para que se pueda llevar a cabo la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía (Foto: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había promovido el pasado 15 de abril una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto de Santa Lucía, que ingresó a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat.
La MIA es un documento técnico-científico que presentan los interesados o “promoventes” en desarrollar un proyecto con el fin de obtener el permiso de la Semarnat, que evalúa el proyecto y emite la RIA.
El documento fue elaborado por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a petición de la Sedena. El proyecto incluye la construcción de un aeródromo civil que funja como aeropuerto complementario al AICM para vuelos nacionales e internacionales de pasajeros y de carga.
La MIA había sido presentada hace unas semanas por la Sedena; la UNAM colaboró en su realización (Foto: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
En la MIA se reconoce que en el área el sistema ambiental es “complejo”, que ha presentado “inestabilidad biológica, social y económica”, pues ahí ha habido un desarrollo desigual.
“El pasado 17 de julio la DGIRA (Dirección General de Aeronáutica Civil) emitió el RIA y al día siguiente lo notificó al promovente”, explicaron desde Semarnat sobre el proyecto se ubica en los municipios de Zumpango y Tecámac, al norte de la capital mexicana.
La vigencia de la resolución para la construcción del aeropuerto será de 33 años(divididas en cuatro fases: 2019-2022; 2022-2032; 2032-2042; y 2042-2052) y para su operación será de 50 años. Sin embargo, a pesar de la aprobación, se deberán cumplir con ciertas medidas indicadas por la Semarnat para “prevenir, mitigar o compensar” el impacto ambiental.
Entre los pedidos listados por la Semarnat se encuentra el desarrollo de un programa de mantenimiento de vehículos y maquinaria, así como el monitoreo de las emisiones a la atmósfera, un programa de residuos sólidos y líquidos para evitar la contaminación del agua, la conservación y el manejo de la fauna silvestre y la conservación y restauración de suelos, entre otros.
Consulta Ciudadana, realizada en octubre, determinó que se construyera un aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía en lugar del de Texcoco, llamado NAICM (Foto: aeropuertosantalucía.com)
De acuerdo con la MIA presentada por la Sedena, expertos mencionaron que se encontraron, al menos, 52 errores u omisiones y aunque fuera aprobada por la Semarnat, la resolución podría ser impugnable.
Los integrantes de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental A.C. (AMIA) mencionaron que del 0 al 10 la obra de Santa Lucía “obtiene uno de calificación” y explicaron que si se aprueba se ampararía por violaciones constitucionales en el procedimiento del impacto ambiental.
Los expertos concluyeron que presenta diversos errores de diseño y reporte, “los cuales son apreciables desde la metodología de evaluación y la incorrecta vinculación a instrumentos jurídicos, hasta la falta de identificación de los impactos ambientales”.
