En M\u00e9xico, el juicio de amparo ha sido hist\u00f3ricamente el escudo ciudadano frente a los abusos del poder. Naci\u00f3 como una conquista para poner l\u00edmites al poder p\u00fablico y recordar a los gobernantes que sus decisiones siempre est\u00e1n sujetas al control constitucional. Sin embargo, hoy enfrentamos un intento de retroceso que, de concretarse, dejar\u00eda a millones de mexicanos sin defensa efectiva ante actos arbitrarios.<\/p>\n
Lo que se presenta como una modernizaci\u00f3n del sistema judicial en realidad esconde una intenci\u00f3n preocupante: reducir el acceso al amparo, encarecerlo y complicar la posibilidad de suspender los efectos de una ley o de un acto de autoridad mientras se resuelve el juicio. En otras palabras, se pretende quitarle a la ciudadan\u00eda el \u00fanico escudo real con el que cuenta para detener la maquinaria del poder.<\/p>\n
Uno de los cambios m\u00e1s regresivos es la eliminaci\u00f3n del \u201cinter\u00e9s leg\u00edtimo\u201d como v\u00eda de acceso al amparo. Gracias a esa figura, colectivos, comunidades y personas que no necesariamente tienen un derecho subjetivo individual \u2014pero s\u00ed se ven afectados por una norma o pol\u00edtica p\u00fablica\u2014 han podido acudir a los tribunales. Limitar esta posibilidad nos devuelve a una visi\u00f3n reducida, donde s\u00f3lo el individuo aislado puede defenderse, dejando desprotegidas a causas sociales, ambientales o de derechos humanos que hoy encuentran en el amparo un camino de justicia.<\/p>\n
Otro punto cr\u00edtico es la restricci\u00f3n a la suspensi\u00f3n del acto reclamado. Actualmente, esta medida cautelar es vital porque impide que el da\u00f1o se consume mientras se resuelve el juicio. Se trata de una forma de sofocar el amparo desde la pr\u00e1ctica: volverlo un recurso lento e ineficaz que no logra frenar los abusos en el momento en que m\u00e1s se necesita.<\/p>\n
Los cambios impulsados por el oficialismo tambi\u00e9n ampl\u00edan las excepciones en las que no procede la suspensi\u00f3n y blinda a las autoridades frente a la responsabilidad de sus actos. Esto significa otorgar m\u00e1s poder discrecional al gobierno y menos herramientas de defensa a los gobernados. En lugar de fortalecer la rendici\u00f3n de cuentas, se levantan muros para que la autoridad pueda actuar sin ser molestada por la ciudadan\u00eda.<\/p>\n
El resultado de esta reforma es claro: una ciudadan\u00eda desarmada frente al poder. Quien hoy quiera defender el medio ambiente, denunciar el uso indebido de recursos p\u00fablicos o exigir respeto a sus derechos fundamentales, se topar\u00e1 con un muro mucho m\u00e1s alto.<\/p>\n
No se trata de un debate t\u00e9cnico ni de un simple cambio procesal. Lo que est\u00e1 en juego es la posibilidad real de frenar abusos del poder y de exigir cuentas a las autoridades. Sin un amparo fuerte, el Estado queda sin contrapesos y la balanza se inclina peligrosamente hacia el lado del gobernante.<\/p>\n
Lo que deber\u00eda ser una modernizaci\u00f3n se convierte en un retroceso hist\u00f3rico. El amparo es m\u00e1s que un recurso judicial: es la garant\u00eda de que el ciudadano no est\u00e1 solo frente al gobierno. Desarmarlo equivale a dejar a la sociedad inerme, y un pueblo inerme es el terreno perfecto para el abuso y la impunidad.<\/p>\n
Alejandro Moreno, Presidente Nacional del PRI<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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